Concretamente, el Foro de la Familia ha solicitado al Gobierno que derogue "a la mayor brevedad posible" los artículos 18 y 19 de la ley que obligan a los servicios públicos de salud a garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo.

   En este sentido, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, propone "incorporar esta previsión vía enmienda a la Ley de Presupuestos o incluirla en alguno de los decretos leyes que se están aprobando en materia de gasto público".

   "No hay que esperar a la tramitación de la nueva regulación en materia de derecho a la maternidad anunciada por el Ministro de Justicia, pues es una reforma puntual que afecta al gasto público y que encajaría perfectamente con el resto de medidas que se están adoptando por el Gobierno en materia presupuestaria respecto a la sanidad", ha apuntado. 

    Para Blanco, la previsión contenida en los mencionados artículos de la ley "repugna profundamente a la conciencia de muchos ciudadanos españoles que se ven obligados a financiar con sus impuestos una práctica totalmente inaceptable para ellos".

   Además, ha apuntado que "resulta especialmente incongruente que la misma ley haya desvinculado el aborto de toda situación de enfermedad o problema de salud convirtiéndolo en un derecho ejercitable a petición de la mujer sin causa médica alguna".

AHORRO DE MÁS DE 57 MILLONES 

  Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha señalado que eliminar la financiación pública del aborto, supondría un ahorro al Estado de "unos 57,5 millones de euros" y ha propuesto al Gobierno utilizar ese dinero para un programa de ayuda integral a la maternidad, con especial atención a los casos de "embarazos inesperados".

   Además, ha indicado que el aborto "no debería dejar de financiarse sólo en el caso de los plazos, sino también en el caso de volver a un sistema de supuestos despenalizados" porque, a su juicio, si el Sistema Nacional de Salud no cubre totalmente una prótesis de cadera "mucho menos puede subvencionarse el aborto".

   "A veces tenemos la sensación de que el Gobierno no quiere enfrentarse a la dura realidad. El aborto supone la muerte cruel y violenta de un ser humano. Ni cura ni previene una enfermedad, y por ello no puede ser reconocido como una prestación sanitaria", ha añadido. 

  Joya ha apuntado que el Gobierno "tiene que mover ficha ya" porque, según ha apuntado, cada día mueren "300 niños" y desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, se han perdido "40.500 vidas".