La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, conocida como "fondo de reptiles", ha citado a declarar como imputado este miércoles al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.   

Inicialmente, Guerrero había sido citado a declarar el día 23 de febrero, pero su letrado solicitó el aplazamiento de dicha comparecencia alegando que su patrocinado había sido citado a declarar por segunda vez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, petición que fue estimada por la juez al considerar "necesario" tomar conocimiento de dicha declaración, tras lo que fijó la declaración para este miércoles, "pudiendo continuarse al día siguiente si la misma no se concluyera".   

 Tal y como acordó la juez, la declaración "se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta la fecha", de manera que la magistrada podrá preguntarle sobre las diligencias previas tramitadas por los juzgados de Andújar (Jaén), dentro de las cuales el exchófer de Guerrero confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él".

   Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, inicialmente, el imputado tiene previsto contestar a las preguntas de la juez, del fiscal y de su defensa. El día 26 de enero, Guerrero declaró ante la Guardia Civil y fue cuestionado acerca del hecho de que los expedientes de ayuda carezcan "en muchos casos" de tramitación administrativa alguna, a lo que contestó que hasta abril de 2008, cuando dejó su cargo, los expedientes "iban completos".

   RESPONSABLE DE "VELAR" POR QUE LOS EXPEDIENTE ESTUVIERAN COMPLETOS  

  No obstante, "tras su salida han pasado" dos nuevos directores generales --Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, ambos imputados-- y "tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla", tras lo que añadió que el responsable de "velar" por que los expedientes estuvieran completos era él.

   En este sentido, "tuvo la colaboración" de un asesor externo contratado por Faffe, en concreto el diputado socialista en la anterior legislatura Ramón Díaz, aseveró Guerrero, quien dijo que "todo lo relacionado con las ayudas y su tramitación era conocido y despachado en el Consejo de dirección semanal", e incluso "algunas de las ayudas, por su entidad, eran despachadas personalmente con el consejero y el viceconcejero" de Empleo.

 "IRREGULARIDADES" DETECTADAS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL   

Preguntado por los "efectos" que causaban en la Consejería los "reiterados" informes por los que la Intervención General de la Junta "ponía de manifiesto las irregularidades observadas en la concesión de las ayudas", el imputado señaló a los agentes del Instituto Armado que desconocía estos informes, "que llegaban al consejero, pero a él no se lo trasladaban".    

    Guerrero aseguró que, dentro de su departamento, "intentaron regular la forma de concesión de las ayudas a través de órdenes y borradores que nunca prosperaron y que se llevaron al consejillo, al que acudían los viceconsejeros y que presidía" el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, a pesar de lo cual "nunca se trataron".  

  En relación con el ERE de Surcolor, consideró "raro" que no conste un expediente como tal para la adjudicación de la ayuda librada, pues "no ha concedido una sola ayuda sin expediente administrativo", y aseguró que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas --imputado también en esta causa--, "como autoridad laboral, era competente para resolver el ERE", y el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá --también imputado-- "tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo" para la concesión de esa ayuda.

"SI ALGUIEN PEDÍA AYUDA, SE LE AYUDABA CON UNA PÓLIZA"   

 Sobre la inclusión en el ERE de dos personas que "nunca habían trabajado" en Surcolor, Guerrero dijo que, "en general, si alguien le pedía a nivel particular que le ayudara, no le importaba su afiliación política ni vecindad, y se le ayudaba con una póliza". Reconoció que "han podido ser discrecionales en la concesión de las ayudas, pero no arbitrarios, porque han ayudado a todo el que se la pedía", y explicó que "informaba de estas ayudas individuales y las circunstancias de la concesión al consejero y al viceconsejero" de Empleo.

    Asimismo, Guerrero prestó una segunda declaración ante la Guardia Civil el pasado día 21 de febrero, que sirvió a la UCO para elaborar un informe en el que señalaba que, de esta comparecencia, "se pone de manifiesto" que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera "tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte" de Sevilla, ayudas que incluso "promovió" y en las que "jugó un papel esencial".  

    En este informe elevado a la juez, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes concluyen que Viera, "no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte, sino que especialmente fue el que promovió las ayudas" vinculadas a Matadero de la Sierra Morena, perteneciente a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, SAT Virgen del Espino y Almazara del Guadalcanal.

   Guerrero señaló que fue Viera quien "le dijo que había que ayudar a Matadero de la Sierra Morena y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma", añadiendo que en la zona de la Sierra Norte "había empresas cuyos dirigentes mantenían una relación de simpatía" con el exconsejero de Empleo, que "es quien dirige realmente la política de concesión de las ayudas" y que "tenía un especial interés en otorgarlas a empresas" de esta comarca.  

  Tras aseverar que fue Viera "el que dice que tienen que salir adelante" las ayudas a las empresas referenciadas, Guerrero fue cuestionado sobre "si el favorecer de manera desproporcionada de parte de Viera a la zona norte de Sevilla se debía a compromisos políticos y a relaciones personales", ante lo que el imputado afirmó que "sí había un interés personal de Viera en desarrollar la comarca de la Sierra Norte".    Guerrero narró una reunión mantenida con Viera en la cafetería del Parlamento andaluz, en la que estaba presente Rivas y a la que posteriormente se incorporó el diputado andaluz José Caballos, encuentro en el que tanto él mismo como Rivas "pusieron reticencias a las ayudas que se concedían a las empresas de Sayago y Rosendo", momento en el que Viera "mandó callar a Rivas y les dijo que eso era así".

 AYUDAS AL HERMANO DE UN EXPRESIDENTE DE LA JUNTA   

 Los agentes también preguntaron al imputado sobre las ayudas concedidas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, ante lo que Guerrero dijo que "había unas directrices verbales para apoyar al sector de los corchos, directrices que estaban antes de que el imputado llegase a la Junta".  

  Por último, fue preguntado por los 900.000 euros en ayudas concedidos a dos empresas de su exchófer, indicando el imputado que "es verdad que en alguna ocasión le preguntó que si se daban ayudas a empresas y le contestó que sí, pero no sabía que Trujillo era socio de esas empresas", una circunstancia de la que se enteró "a través de la prensa". "Nunca revisó quien era socio de la empresa a la que se otorgaba la ayuda", sentenció Guerrero.