El veredicto ha llegado tras la demanda presentada por un total de 427 ciudadanos turcos, todos ellos miembros del Tribunal de Casación, el Tribunal Supremo Administrativo o jueces y fiscales de tribunales de primera instancia en el momento de la intentona.

Los demandantes fueron detenidos por sus presuntos lazos con el movimiento que lidera el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de estar detrás de la asonada. El grupo ha sido descrito por Turquía como la Organización Terrorista Fetulenista / la Estructura Paralela del Estado.

En su fallo, todos ellos acudieron ante el TEDH para denunciar que fueron detenidos en violación de las leyes que rigen el arresto y el periodo de detención preventiva de miembros del aparato judicial del país, así como la ausencia de competencias y jurisdicción por parte de los tribunales que adoptaron esta decisión.

Asimismo, denunciaron que fueron puestos bajo detención preventiva sin que hubiera motivo suficiente para ello y que el periodo de esta decisión fue excesivo, así como la existencia de fallos de procedimiento en sus casos.

En este sentido, el TEDH ha dictaminado que el Estado turco cometió violaciones del derecho a la libertad y la seguridad de los demandantes por la "ilegalidad de la detención preventiva inicial", por lo que ha reclamado el pago de 5.000 euros por los costes a cada uno de los demandantes.

El fallo ha llegado en una jornada en la que las fuerzas de seguridad turcas han detenido a más de 130 personas en una serie de operaciones contra presuntos seguidores de Gulen.

La Fiscalía de la provincia de Esmirna ha emitido a primera hora del día órdenes de arresto contra 112 sospechosos, entre ellos 15 soldados en activo, tras lo que al menos 76 sospechosos han sido detenidos.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia han indicado que las operaciones han sido lanzadas en 22 provincias del país y han agregado que siguen activas para detener al resto de sospechosos.

Por otra parte, al Fiscalía de la capital, Ankara, ha emitido órdenes de arresto contra 101 personas por la supuesta infiltración de personas del movimiento de Gulen en la Gendarmería, lo que ha derivado en el arresto de 53 personas.

Asimismo, tres personas han sido detenidas en la provincia de Samsun (norte), entre ellas dos "imames encubiertos" del grupo de Gulen. Estas dos personas serían dos altos cargos no identificados del movimiento que lidera el clérigo islamista.

Ankara culpa a Gulen de estar detrás del fallido golpe de Estado de 2016, que se saldó con más de 150 muertos, si bien el clérigo, que vive en Estados Unidos en un exilio autoimpuesto desde 1999, ha negado estar vinculado con la intentona.

El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.

El alcance de la persecución de las personas supuestamente vinculadas con la intentona ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.

El veredicto ha llegado tras la demanda presentada por un total de 427 ciudadanos turcos, todos ellos miembros del Tribunal de Casación, el Tribunal Supremo Administrativo o jueces y fiscales de tribunales de primera instancia en el momento de la intentona.

Los demandantes fueron detenidos por sus presuntos lazos con el movimiento que lidera el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de estar detrás de la asonada. El grupo ha sido descrito por Turquía como la Organización Terrorista Fetulenista / la Estructura Paralela del Estado.

En su fallo, todos ellos acudieron ante el TEDH para denunciar que fueron detenidos en violación de las leyes que rigen el arresto y el periodo de detención preventiva de miembros del aparato judicial del país, así como la ausencia de competencias y jurisdicción por parte de los tribunales que adoptaron esta decisión.

Asimismo, denunciaron que fueron puestos bajo detención preventiva sin que hubiera motivo suficiente para ello y que el periodo de esta decisión fue excesivo, así como la existencia de fallos de procedimiento en sus casos.

En este sentido, el TEDH ha dictaminado que el Estado turco cometió violaciones del derecho a la libertad y la seguridad de los demandantes por la "ilegalidad de la detención preventiva inicial", por lo que ha reclamado el pago de 5.000 euros por los costes a cada uno de los demandantes.

El fallo ha llegado en una jornada en la que las fuerzas de seguridad turcas han detenido a más de 130 personas en una serie de operaciones contra presuntos seguidores de Gulen.

La Fiscalía de la provincia de Esmirna ha emitido a primera hora del día órdenes de arresto contra 112 sospechosos, entre ellos 15 soldados en activo, tras lo que al menos 76 sospechosos han sido detenidos.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia han indicado que las operaciones han sido lanzadas en 22 provincias del país y han agregado que siguen activas para detener al resto de sospechosos.

Por otra parte, al Fiscalía de la capital, Ankara, ha emitido órdenes de arresto contra 101 personas por la supuesta infiltración de personas del movimiento de Gulen en la Gendarmería, lo que ha derivado en el arresto de 53 personas.

Asimismo, tres personas han sido detenidas en la provincia de Samsun (norte), entre ellas dos "imames encubiertos" del grupo de Gulen. Estas dos personas serían dos altos cargos no identificados del movimiento que lidera el clérigo islamista.

Ankara culpa a Gulen de estar detrás del fallido golpe de Estado de 2016, que se saldó con más de 150 muertos, si bien el clérigo, que vive en Estados Unidos en un exilio autoimpuesto desde 1999, ha negado estar vinculado con la intentona.

El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.

El alcance de la persecución de las personas supuestamente vinculadas con la intentona ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.