La petición admitida por la Justicia peruana ha sido presentada por los oficiales retirados Mario Drago Ego, Edmundo Rodríguez, Víctor Sarria y Luis Canevaro, e incide en estar "a favor" de la Policía y las Fuerzas Armadas del país por "amenaza a su integridad y libertad personal", informa el medio peruano RPP Noticias.

"Son personas que tienen relación o han mostrado estar a favor de personas y/o grupos vinculados al terrorismo y/o a facciones extremistas que son objeto de investigación y lucha por el personal de las Fuerzas Armadas y policial", han indicado los demandantes respecto a Bellido y Maraví.

Igualmente, han solicitado que se ordene al presidente de Perú, Pedro Castillo, que se abstenga de designar en cargos de influencia en sectores como la Policía o las Fuerzas Armadas a personas con investigaciones por "vínculos con el terrorismo".

Los exoficiales han llamado, también, a que en caso de que se desestime su pedido, se ordene al personal de los mencionados cuerpos "no entregar" a Bellido y Maraví, "o a cualquier persona que los reemplace si tiene vínculos o haya expresado reconocimiento a facciones terroristas", "información vinculada a acciones o programas de inteligencia, contrainteligencia, planes, estrategias, tácticas o demás acciones contra el terrorismo y narcoterrorismo".

"El demandado Bellido es una persona que exalta a una terrorista, que tiene una investigación fiscal por apología del delito de terrorismo, y que incluso ha sido investigada por la misma Policía Nacional", han apuntado los demandantes en el documento presentado a la Justicia, en referencia a un vídeo del presidente del Consejo de Ministros.

En este sentido, los exoficiales han lamentado que en el cargo que ostenta ahora, Bellido "tendrá acceso a toda la información vinculada con las estrategias de la lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo", lo que, a su juicio, supone un "enorme riesgo".

Sobre el ministro de Trabajo, han señalado que tendría vínculos con dirigentes del Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (Movadef), recoge 'La República'.

"Con estos innegables hechos, es sumamente peligroso que el más alto cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tenga vínculos con rezagos de grupos terroristas y, por su cargo, pueda acceder a información sensible y secreta, precisamente, de la lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo", han apuntado, mientras Maraví ha rechazado las acusaciones que lo vinculan al mencionado movimiento.

Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Carrasco, ha informado este lunes de que ha renunciado al cargo de fiscal provincial titular penal corporativo de Chiclayo, después de que se abriera una investigación preliminar en su contra por presunta "mala conducta".

La Fiscalía confirmó el domingo una investigación contra Carrasco y señaló que solicitó una "licencia sin goce de haber" --permiso que un empleador da a un trabajador-- el 26 de julio, la cual fue aprobada el 27 de julio. La resolución incluye un permiso de 90 días desde el 28 de julio para Carrasco, especializado en el crimen organizado. Sin embargo, cuando se tomó esta decisión se desconocía el nombramiento del abogado como nuevo ministro del Interior.

Por ello, la Fiscalía abrió una investigación preliminar dada "la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado, a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales o legales que rigen la Fiscalía".

OPOSICIÓN CONTRA LOS MINISTROS

Por su parte, la oposición y con el presidente, Pedro Castillo, asentándose todavía en Casa Pizarro, ha amenazado con presentar una moción de censura si el nuevo jefe del Estado no rectifica y cambia a aquellos ministros "con relación con el terrorismo".

"Exigimos el cambio de los ministros que tienen relación con el terrorismo. Deben irse los ministros cuestionados, también el primer ministro si es que es cierto de lo que le acusan", ha reclamado el portavoz de la conservadora Renovación Popular, Jorge Montoya, quien también pide a Castillo acabar con su promesa de una Asamblea Constituyente con la que redactar una nueva Carta Magna.

Esa moción de censura "es una opción al final de la lista", hay "muchas antes", ha dicho Montoya, quien ha remarcado ante las cámaras de televisión que "todos los partidos en general" le han hecho saber a Castillo que no aceptan la Asamblea Constituyente, pues "está representando al país, no a una facción".

El nuevo gabinete peruano ha comenzado con polémica después de que la Fiscalía iniciara una investigación contra el primer ministro Bellido por un supuesto delito de apología del terrorismo en relación a una serie de actividades que habría realizado en favor de Sendero Luminoso.

Otro señalado es el ministro de Exteriores, Héctor Béjar, catedrático universitario, escrito y sociólogo, fundador en la década de los 60 de la efímera guerrilla peruana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

El nuevo Gobierno necesita ser respaldado por el Congreso, de mayoría opositora. A excepción del oficialista Perú Libre y la otra formación de izquierdas, Juntos por el Perú, el resto han puesto rechazado el nombramiento de Bellido. En caso de que no prospere, el Parlamento puede presentar una moción de censura por "incapacidad moral" que deberá ser avalada por dos tercios de la cámara.

La petición admitida por la Justicia peruana ha sido presentada por los oficiales retirados Mario Drago Ego, Edmundo Rodríguez, Víctor Sarria y Luis Canevaro, e incide en estar "a favor" de la Policía y las Fuerzas Armadas del país por "amenaza a su integridad y libertad personal", informa el medio peruano RPP Noticias.

"Son personas que tienen relación o han mostrado estar a favor de personas y/o grupos vinculados al terrorismo y/o a facciones extremistas que son objeto de investigación y lucha por el personal de las Fuerzas Armadas y policial", han indicado los demandantes respecto a Bellido y Maraví.

Igualmente, han solicitado que se ordene al presidente de Perú, Pedro Castillo, que se abstenga de designar en cargos de influencia en sectores como la Policía o las Fuerzas Armadas a personas con investigaciones por "vínculos con el terrorismo".

Los exoficiales han llamado, también, a que en caso de que se desestime su pedido, se ordene al personal de los mencionados cuerpos "no entregar" a Bellido y Maraví, "o a cualquier persona que los reemplace si tiene vínculos o haya expresado reconocimiento a facciones terroristas", "información vinculada a acciones o programas de inteligencia, contrainteligencia, planes, estrategias, tácticas o demás acciones contra el terrorismo y narcoterrorismo".

"El demandado Bellido es una persona que exalta a una terrorista, que tiene una investigación fiscal por apología del delito de terrorismo, y que incluso ha sido investigada por la misma Policía Nacional", han apuntado los demandantes en el documento presentado a la Justicia, en referencia a un vídeo del presidente del Consejo de Ministros.

En este sentido, los exoficiales han lamentado que en el cargo que ostenta ahora, Bellido "tendrá acceso a toda la información vinculada con las estrategias de la lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo", lo que, a su juicio, supone un "enorme riesgo".

Sobre el ministro de Trabajo, han señalado que tendría vínculos con dirigentes del Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (Movadef), recoge 'La República'.

"Con estos innegables hechos, es sumamente peligroso que el más alto cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tenga vínculos con rezagos de grupos terroristas y, por su cargo, pueda acceder a información sensible y secreta, precisamente, de la lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo", han apuntado, mientras Maraví ha rechazado las acusaciones que lo vinculan al mencionado movimiento.

Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Carrasco, ha informado este lunes de que ha renunciado al cargo de fiscal provincial titular penal corporativo de Chiclayo, después de que se abriera una investigación preliminar en su contra por presunta "mala conducta".

La Fiscalía confirmó el domingo una investigación contra Carrasco y señaló que solicitó una "licencia sin goce de haber" --permiso que un empleador da a un trabajador-- el 26 de julio, la cual fue aprobada el 27 de julio. La resolución incluye un permiso de 90 días desde el 28 de julio para Carrasco, especializado en el crimen organizado. Sin embargo, cuando se tomó esta decisión se desconocía el nombramiento del abogado como nuevo ministro del Interior.

Por ello, la Fiscalía abrió una investigación preliminar dada "la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado, a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales o legales que rigen la Fiscalía".

OPOSICIÓN CONTRA LOS MINISTROS

Por su parte, la oposición y con el presidente, Pedro Castillo, asentándose todavía en Casa Pizarro, ha amenazado con presentar una moción de censura si el nuevo jefe del Estado no rectifica y cambia a aquellos ministros "con relación con el terrorismo".

"Exigimos el cambio de los ministros que tienen relación con el terrorismo. Deben irse los ministros cuestionados, también el primer ministro si es que es cierto de lo que le acusan", ha reclamado el portavoz de la conservadora Renovación Popular, Jorge Montoya, quien también pide a Castillo acabar con su promesa de una Asamblea Constituyente con la que redactar una nueva Carta Magna.

Esa moción de censura "es una opción al final de la lista", hay "muchas antes", ha dicho Montoya, quien ha remarcado ante las cámaras de televisión que "todos los partidos en general" le han hecho saber a Castillo que no aceptan la Asamblea Constituyente, pues "está representando al país, no a una facción".

El nuevo gabinete peruano ha comenzado con polémica después de que la Fiscalía iniciara una investigación contra el primer ministro Bellido por un supuesto delito de apología del terrorismo en relación a una serie de actividades que habría realizado en favor de Sendero Luminoso.

Otro señalado es el ministro de Exteriores, Héctor Béjar, catedrático universitario, escrito y sociólogo, fundador en la década de los 60 de la efímera guerrilla peruana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

El nuevo Gobierno necesita ser respaldado por el Congreso, de mayoría opositora. A excepción del oficialista Perú Libre y la otra formación de izquierdas, Juntos por el Perú, el resto han puesto rechazado el nombramiento de Bellido. En caso de que no prospere, el Parlamento puede presentar una moción de censura por "incapacidad moral" que deberá ser avalada por dos tercios de la cámara.