Miercoles, 27 de noviembre de 2024
Advierte de "tratos crueles, inhumanos o degradantes" a opositores, equiparables incluso a la tortura
La ONU reclama la restauración "urgente" de derechos políticos y sociales en Nicaragua
noti
La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha actualizado este martes el informe sobre la situación del país centroamericano, una vez pasadas las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega obtuvo la victoria sin rivales de entidad.
Estos comicios "brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de Derechos Humanos que afecta al país desde 2018", pero terminaron por resultar en lo contrario.
Naciones Unidas ha afeado a las autoridades nicaragüenses la exclusión "arbitraria" de candidatos, "especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder, hasta el punto de que siete precandidatos opositores fueron detenidos y, por tanto, no pudieron presentarse a los comicios.
En total, la ONU cifra en 39 los casos de "detención arbitraria", basados en "disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de Derechos Humanos" y con procesos judiciales cuestionables. Durante el fin de semana de las elecciones y los días siguientes, diez activistas políticos y periodistas fueron detenidos y, de ellos, solo tres han sido liberados.
Al Nashif ha advertido especialmente de casos en los que los presos permanecen incomunicados durante más de tres meses --algunos de ellos en aislamiento-- y ha señalado que este tipo de condiciones "suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a la tortura".
SIN IMPARCIALIDAD
Las suspicacias de Naciones Unidas se extienden también a las autoridades electorales, ya que considera que no esta garantizada la "independencia e imparcialidad", al tiempo que ha cuestionado las restricciones a la libertad de expresión y asociación.
Las autoridades cerraron en los meses previos a las elecciones cuatro partidos políticos, así como 45 ONG, mientras que la entrada de periodistas estuvo vetada en los días previos a la votación. La cita tampoco contó con observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Para que unas elecciones cumplan debidamente su objetivo público, es esencial que las autoridades garanticen un entorno seguro y propicio para que los candidatos y candidatas expongan, expliquen y promuevan sus visiones y propuestas políticas para el país, y para que los votantes, a su vez, expresen libremente su voluntad sin limitaciones arbitrarias", ha apuntado Al Nashif.
En líneas generales, la ONU considera que el entorno fue "poco propio" para celebrar "elecciones auténticas y libres" y pide al Gobierno de Ortega que "restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de Derecho imparcial", lo que pasa igualmente por aplicar a nivel interno las normas internacionales en materia de Derechos Humanos.
La Alta Comisionada adjunta ha reclamado la "inmediata" liberación de "todas las personas detenidas arbitrariamente", así como el restablecimiento pleno de sus derechos civiles y políticos. Además, "debe restablecerse la personalidad jurídica de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, despojada arbitrariamente".cia
La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha actualizado este martes el informe sobre la situación del país centroamericano, una vez pasadas las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega obtuvo la victoria sin rivales de entidad.
Estos comicios "brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de Derechos Humanos que afecta al país desde 2018", pero terminaron por resultar en lo contrario.
Naciones Unidas ha afeado a las autoridades nicaragüenses la exclusión "arbitraria" de candidatos, "especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder, hasta el punto de que siete precandidatos opositores fueron detenidos y, por tanto, no pudieron presentarse a los comicios.
En total, la ONU cifra en 39 los casos de "detención arbitraria", basados en "disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de Derechos Humanos" y con procesos judiciales cuestionables. Durante el fin de semana de las elecciones y los días siguientes, diez activistas políticos y periodistas fueron detenidos y, de ellos, solo tres han sido liberados.
Al Nashif ha advertido especialmente de casos en los que los presos permanecen incomunicados durante más de tres meses --algunos de ellos en aislamiento-- y ha señalado que este tipo de condiciones "suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a la tortura".
SIN IMPARCIALIDAD
Las suspicacias de Naciones Unidas se extienden también a las autoridades electorales, ya que considera que no esta garantizada la "independencia e imparcialidad", al tiempo que ha cuestionado las restricciones a la libertad de expresión y asociación.
Las autoridades cerraron en los meses previos a las elecciones cuatro partidos políticos, así como 45 ONG, mientras que la entrada de periodistas estuvo vetada en los días previos a la votación. La cita tampoco contó con observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Para que unas elecciones cumplan debidamente su objetivo público, es esencial que las autoridades garanticen un entorno seguro y propicio para que los candidatos y candidatas expongan, expliquen y promuevan sus visiones y propuestas políticas para el país, y para que los votantes, a su vez, expresen libremente su voluntad sin limitaciones arbitrarias", ha apuntado Al Nashif.
En líneas generales, la ONU considera que el entorno fue "poco propio" para celebrar "elecciones auténticas y libres" y pide al Gobierno de Ortega que "restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de Derecho imparcial", lo que pasa igualmente por aplicar a nivel interno las normas internacionales en materia de Derechos Humanos.
La Alta Comisionada adjunta ha reclamado la "inmediata" liberación de "todas las personas detenidas arbitrariamente", así como el restablecimiento pleno de sus derechos civiles y políticos. Además, "debe restablecerse la personalidad jurídica de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, despojada arbitrariamente".
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