Así se recoge en la moción que someterá a debate y votación de la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que los de Santiago Abascal dirigieron al Gobierno de coalición hace dos semanas.

En concreto, en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, Vox insta al Gobierno a intervenir la Administración autonómica catalana con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los principios constitucionales que, según denuncia, están siendo objeto de "sistemática infracción" por parte de la Generalitat.

"NO SE PUEDE TOLERAR"

Vox sostiene que "no se puede tolerar" que existan partes de España en las que "miles" de niños no pueden aprender a leer y escribir "en su lengua materna, en español, sólo porque unos políticos sectarios se lo niegan", y por eso considera que "la única forma de devolver los derechos legítimos de todos los catalanes y la libertad es esta intervención profunda".

Asimismo, emplaza al Gobierno a impulsar las reformas que sean necesarias para asegurar la enseñanza del castellano y en castellano en los sistemas educativos de todos las regiones de España a fin de satisfacer "el deber los españoles de conocerlo así como de amparar el derecho de todos a usarlo".

SANCIONES PARA QUIENES LO IMPIDAN

Además, reclama un régimen sancionador para quienes obstaculicen o impidan el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución, el que establece que el castellano es la lengua española es la oficial del Estado.

De la misma forma, la moción de la tercera fuerza del Congreso pide revertir la "instrumentalización" que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas "como elemento de división y confrontación entre territorios y entre españoles.

Por último, los de Abascal llaman a fomentar "el especial respeto y protección" del patrimonio cultural que supone la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España dentro del marco constitucional.

PREGUNTAS EN LA SESIÓN DE CONTROL

Además de la moción de Vox, en la sesión plenaria de este miércoles el PP y Ciudadanos aprovecharán para pedir cuentas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra de Educación, Pilar Alegría, porque el acoso que está sufriendo una familia de Canet de Mar (Barcelona) por haber solicitado más clases en castellano para su hijo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a los centros catalanes a ofrecer al menos un 25% de enseñanza en esta lengua.

En concreto, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pedirá a Sánchez pronunciarse sobre esta polémica. "¿Considera que la actuación del Gobierno está siendo suficiente para garantizar los derechos y libertades del conjunto de los españoles?", reza la pregunta registrada.

Aunque se trata de un enunciado genérico, es más que seguro que la presidenta de la formación naranja cuestione que el Gobierno no actúe ante el hostigamiento que la citada familia catalana dice estar sufriendo o que el Govern que preside Pere Aragonès no esté cumpliendo con la sentencia del TSJC.

De su lado, en nombre del PP, la diputada Sandra Moneo aspira a que la ministra Alegría aclare "hasta cuándo va a seguir mirando a otro lado mientras se hostiga y amenaza a familias catalanas por tratar de educar a sus hijos en su lengua en su país".

¿CÓMO ASEGURARÁ LA INTEGRIDAD DEL MENOR DE CANET?

Vox también tiene registradas en el Congreso una batería de preguntas escritas a propósito del acoso al niño en Canet en las que, entre otras cuestiones, pide al Gobierno que explique cómo va a garantizar el derecho del menor a estudiar en español en su centro educativo y dé cuenta de las medidas que va a promover para asegurar su integridad habida cuenta del acoso que está sufriendo en los últimos días.

Asimismo, insta al Ejecutivo a detallar qué acciones ha desarrollado la Alta Inspección en Cataluña para garantizar el derecho del menor a ser escolarizado en español, y a aclarar qué acciones va a llevar a cabo tras la desobediencia anunciada por el Govern catalán para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia sobre el castellano en esa comunidad

Así se recoge en la moción que someterá a debate y votación de la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que los de Santiago Abascal dirigieron al Gobierno de coalición hace dos semanas.

En concreto, en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, Vox insta al Gobierno a intervenir la Administración autonómica catalana con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los principios constitucionales que, según denuncia, están siendo objeto de "sistemática infracción" por parte de la Generalitat.

"NO SE PUEDE TOLERAR"

Vox sostiene que "no se puede tolerar" que existan partes de España en las que "miles" de niños no pueden aprender a leer y escribir "en su lengua materna, en español, sólo porque unos políticos sectarios se lo niegan", y por eso considera que "la única forma de devolver los derechos legítimos de todos los catalanes y la libertad es esta intervención profunda".

Asimismo, emplaza al Gobierno a impulsar las reformas que sean necesarias para asegurar la enseñanza del castellano y en castellano en los sistemas educativos de todos las regiones de España a fin de satisfacer "el deber los españoles de conocerlo así como de amparar el derecho de todos a usarlo".

SANCIONES PARA QUIENES LO IMPIDAN

Además, reclama un régimen sancionador para quienes obstaculicen o impidan el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución, el que establece que el castellano es la lengua española es la oficial del Estado.

De la misma forma, la moción de la tercera fuerza del Congreso pide revertir la "instrumentalización" que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas "como elemento de división y confrontación entre territorios y entre españoles.

Por último, los de Abascal llaman a fomentar "el especial respeto y protección" del patrimonio cultural que supone la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España dentro del marco constitucional.

PREGUNTAS EN LA SESIÓN DE CONTROL

Además de la moción de Vox, en la sesión plenaria de este miércoles el PP y Ciudadanos aprovecharán para pedir cuentas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra de Educación, Pilar Alegría, porque el acoso que está sufriendo una familia de Canet de Mar (Barcelona) por haber solicitado más clases en castellano para su hijo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a los centros catalanes a ofrecer al menos un 25% de enseñanza en esta lengua.

En concreto, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pedirá a Sánchez pronunciarse sobre esta polémica. "¿Considera que la actuación del Gobierno está siendo suficiente para garantizar los derechos y libertades del conjunto de los españoles?", reza la pregunta registrada.

Aunque se trata de un enunciado genérico, es más que seguro que la presidenta de la formación naranja cuestione que el Gobierno no actúe ante el hostigamiento que la citada familia catalana dice estar sufriendo o que el Govern que preside Pere Aragonès no esté cumpliendo con la sentencia del TSJC.

De su lado, en nombre del PP, la diputada Sandra Moneo aspira a que la ministra Alegría aclare "hasta cuándo va a seguir mirando a otro lado mientras se hostiga y amenaza a familias catalanas por tratar de educar a sus hijos en su lengua en su país".

¿CÓMO ASEGURARÁ LA INTEGRIDAD DEL MENOR DE CANET?

Vox también tiene registradas en el Congreso una batería de preguntas escritas a propósito del acoso al niño en Canet en las que, entre otras cuestiones, pide al Gobierno que explique cómo va a garantizar el derecho del menor a estudiar en español en su centro educativo y dé cuenta de las medidas que va a promover para asegurar su integridad habida cuenta del acoso que está sufriendo en los últimos días.

Asimismo, insta al Ejecutivo a detallar qué acciones ha desarrollado la Alta Inspección en Cataluña para garantizar el derecho del menor a ser escolarizado en español, y a aclarar qué acciones va a llevar a cabo tras la desobediencia anunciada por el Govern catalán para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia sobre el castellano en esa comunidad