Ignacio Blanco ha informado que el grupo parlamentario ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) "frente a una medida que ha calificado de dictadura sanitaria que vulnera los derechos fundamentales a la libertad, la intimidad y la igualdad de todos los asturianos".

Asimismo, ha avanzado que Vox ha pedido "medidas cautelares para suspender la exigencia del pasaporte covid" y ha señalado que "el acuerdo del 24 de diciembre del Gobierno del Principado vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 18.1 y 19 de la Constitución española".

De este modo se ha referido a la decisión que adoptó el Gobierno autonómico de implantar el certificado en la comunidad y que contó con la autorización de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el pasado jueves, 23 de diciembre.

Para el diputado de Vox, "el pasaporte COVID atenta gravemente a los derechos fundamentales de las personas Libertad, igualdad e intimidad; vulnera la ley de protección de datos en toda su esencia, y además, desde el momento en el que los vacunados contagian y son contagiados no existe ninguna base científica ni motivo sanitario grave que fundamente tal medida; es en el fondo un chantaje para obligar a las personas a tomar un medicamento que no quieren o no pueden tomar y, por último, no se tiene en cuenta que es bajo prescripción médica y aquí no lo prescribe ningún facultativo".

"Consideramos y así lo defendemos todos los días que todos los españoles son iguales ante la Ley, y por eso acudiremos ante la justicia, como hemos hecho en esta ocasión, frente a cualquier decisión que suponga una la vulneración de las libertades y derechos de los ciudadanos como ha ocurrido por parte del Gobierno socialista tras imponer el pasaporte COVID en Asturias", apuntó Blanco.

Igualmente, el parlamentario autonómico de Vox entiende que "el certificado COVID es inidóneo para mantener la salud pública, como se demostró en el Congreso suspendido de la FSA, pues el presidente del Principado, Adrián Barbón, con pauta completa se había contagiado y podría contagiar, e incluso tuvo que ser ingresado. Es una medida caprichosa de políticos que utilizan la enfermedad atemorizando a los ciudadanos para ocultar su evidente falta de gestión. Políticos que habrían sido irrelevantes sin la pandemia".

"El único certificado que necesita un español para moverse libremente por el territorio es su DNI y no vamos a permitir que se señale, se restrinjan los derechos o se demonice a aquellas personas que decidan no vacunarse porque ningún español es responsable de la pandemia y todos saben cuidarse, protegerse y defenderse", sostiene.

Al respecto, afirma que su partido cree "en la libertad de cada persona". "Así lo hemos defendido para que cada uno decida por sí mismo si quiere o no vacunarse sin que ningún dirigente político o administración los coaccione o incluso les impida ejercer sus derechos más fundamentales", remarca.

Con todo, los diputados de Vox en Asturias apuntan que la formación ha acudido a los tribunales "para evitar que el Gobierno regional siga castigando a los asturianos y no pueda volver a imponer restricciones ilegales". "Las arbitrarias medidas impuestas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, obtuvieron pésimos resultados, situando a la comunidad autónoma como la región con la letalidad más alta de todo el país en la segunda y tercera ola de COVID", concluyen.

Ignacio Blanco ha informado que el grupo parlamentario ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) "frente a una medida que ha calificado de dictadura sanitaria que vulnera los derechos fundamentales a la libertad, la intimidad y la igualdad de todos los asturianos".

Asimismo, ha avanzado que Vox ha pedido "medidas cautelares para suspender la exigencia del pasaporte covid" y ha señalado que "el acuerdo del 24 de diciembre del Gobierno del Principado vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 18.1 y 19 de la Constitución española".

De este modo se ha referido a la decisión que adoptó el Gobierno autonómico de implantar el certificado en la comunidad y que contó con la autorización de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el pasado jueves, 23 de diciembre.

Para el diputado de Vox, "el pasaporte COVID atenta gravemente a los derechos fundamentales de las personas Libertad, igualdad e intimidad; vulnera la ley de protección de datos en toda su esencia, y además, desde el momento en el que los vacunados contagian y son contagiados no existe ninguna base científica ni motivo sanitario grave que fundamente tal medida; es en el fondo un chantaje para obligar a las personas a tomar un medicamento que no quieren o no pueden tomar y, por último, no se tiene en cuenta que es bajo prescripción médica y aquí no lo prescribe ningún facultativo".

"Consideramos y así lo defendemos todos los días que todos los españoles son iguales ante la Ley, y por eso acudiremos ante la justicia, como hemos hecho en esta ocasión, frente a cualquier decisión que suponga una la vulneración de las libertades y derechos de los ciudadanos como ha ocurrido por parte del Gobierno socialista tras imponer el pasaporte COVID en Asturias", apuntó Blanco.

Igualmente, el parlamentario autonómico de Vox entiende que "el certificado COVID es inidóneo para mantener la salud pública, como se demostró en el Congreso suspendido de la FSA, pues el presidente del Principado, Adrián Barbón, con pauta completa se había contagiado y podría contagiar, e incluso tuvo que ser ingresado. Es una medida caprichosa de políticos que utilizan la enfermedad atemorizando a los ciudadanos para ocultar su evidente falta de gestión. Políticos que habrían sido irrelevantes sin la pandemia".

"El único certificado que necesita un español para moverse libremente por el territorio es su DNI y no vamos a permitir que se señale, se restrinjan los derechos o se demonice a aquellas personas que decidan no vacunarse porque ningún español es responsable de la pandemia y todos saben cuidarse, protegerse y defenderse", sostiene.

Al respecto, afirma que su partido cree "en la libertad de cada persona". "Así lo hemos defendido para que cada uno decida por sí mismo si quiere o no vacunarse sin que ningún dirigente político o administración los coaccione o incluso les impida ejercer sus derechos más fundamentales", remarca.

Con todo, los diputados de Vox en Asturias apuntan que la formación ha acudido a los tribunales "para evitar que el Gobierno regional siga castigando a los asturianos y no pueda volver a imponer restricciones ilegales". "Las arbitrarias medidas impuestas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, obtuvieron pésimos resultados, situando a la comunidad autónoma como la región con la letalidad más alta de todo el país en la segunda y tercera ola de COVID", concluyen.