El Ministerio de Hacienda está estudiando la petición que le han realizado las corporaciones locales para crear un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios singulares que, en la actualidad, no pagan este tributo, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

   El planteamiento que está analizando el Ministerio se basa en la posibilidad de suprimir la exención que hay actualmente para edificios históricos o singulares. Pero la intención es aplicarla a los edificios que tienen algún tipo de actividad comercial, de tal forma que quedarían excluidos de la medida los de la Iglesia, que probablemente agrupa al grueso de este tipo de edificiaciones.   

 La supresión de esta excención fiscal, de aprobarse, afectaría probablemente a numerosos hoteles repartidos por toda la geografía nacional, tan simbólicos como el Ritz o el Palace de Madrid, así como edificios que albergan oficinas u otras actividades comerciales.  

  Esta petición de las corporaciones locales a Hacienda se enmarca en la necesidad que tienen los ayuntamientos de lograr nuevas vías de ingresos, después del recorte que han sufrido este año en los Presupuestos Generales del Estado, donde se contempla una rebaja de las transferencias del 8 por ciento.

REORDENAR LAS COMPETENCIAS   

 No obstante, la reordenación en profundidad de la administración local y sus competencias se viene abordando entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las reformas que el Gobierno quiere llevar adelante.  

  Uno de estos encuentros tendrá lugar el jueves, cuando ambas partes revisarán el informe que ha concluído la FEMP sobre este asunto, cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio establecido por Mariano Rajoy de "una administración, una competencia".  

 Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman "competencias impropias", es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de cuestiones sociales.   

Para todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Bases de Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de entidades locales, como diputaciones y comarcas. Se desconocen las intenciones concretas del Ejecutivo, aunque varios ministros insisten en que el número de ayuntamientos, de 8.000, es excesivo para las dimensiones de España.   

Dada la autonomía municipal, no se puede obligar a dos ayuntamientos a fusionarse, pero el Ejecutivo podría decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo, las diputaciones, y que esos ayuntamientos al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse.

UNA OPCION, EL CORTE EN 5.000 HABITANTES  

 Una de las opciones que se han contemplado, aunque no hay ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta población se vean obligados a agruparse por no poder prestar determinados servicios o ejercer competencias en solitario.  

  Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con las mancomunidades.