Según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno. Entre las medidas que está estudiando incluir está la gestión directa del gasto social de la Generalitat de Cataluña.

Esta decisión de Hacienda viene propiciada por el hecho de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha comunicado por carta a Cristóbal Montoro que no va a enviar certificaciones semanales de las cuentas del Ejecutivo catalán al Ministerio, tal y como se le había requerido por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 21 de julio.

Además, Junqueras ha argumentado que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlamento catalán para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con esa decisión de la Comisión Delegada.

Las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que se trataría de la gestión directa del dinero que se ingresa a la Generalitat de Cataluña como pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica. La Generalitat cuenta con ingresos propios de los impuestos propios y cedidos.

La partida de gasto social es el grueso de los Presupuestos tanto del Estado como de cualquier comunidad autónoma ya que engloba los gastos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Las entregas a cuenta de la financiación autonómica no son partidas finalistas como sí lo son las del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que van destinados al pago a proveedores y a los vencimientos de deuda. De hecho, el Ministerio de Hacienda ya ejerce un férreo control sobre el dinero del FLA y obliga a las CCAA a registrar en el Ministerio todas las facturas que se pagan.

Sin embargo, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica van directamente al presupuesto general que administra cada autonomía. Si el Ministerio de Hacienda finalmente gestionase directamente el gasto social estaría administrando una parte muy importante del presupuesto de Cataluña.

Montoro exige al Govern que remita de

inmediato la información sobre gastos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha requerido este jueves a la Generalitat que cumpla con su deber y remita de inmediato la información a la que está obligada, después que el vicepresidente, Oriol Junqueras, haya comunicado que van a dejar de informar semanalmente de los gastos que realizan amparándose en las últimas leyes aprobadas en el Parlament.

En la carta de respuesta del Gobierno, consultada por Europa Press, Montoro advierte de que, si no facilitan estos datos, se adoptarán "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Además, Montoro deja claro al Govern que no puede justificar no cumplir las obligaciones del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y por tanto no amparan ninguna actuación.

"He de recordarle que del contenido de citadas normas se deduce que no es precisamente, ni la sostenibilidad financiera, ni el equilibrio presupuestario, ni velar por el interés general, sus objetivos prioritarios", recuerda Montoro, que lo ve como un ataque directo a los mismos.

Asimismo, el ministro rechaza que el acuerdo de la CDGAE sea un control político, como argumenta textualmente Junqueras en su carta, y lo enmarca en medidas de control de la gestión y destino de los recursos públicos.

"En definitiva, control de legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales", apunta la misiva.

También recuerda al ejecutivo de Carles Puigdemont que cumplir el acuerdo de la CDGAE deriva del compromiso que voluntariamente asumió Cataluña al adherirse al mecanismo de financiación autonómica.