En Alejandría, un grupo de manifestantes ha irrumpido en la sede deHermanos Musulmanes y ha comenzado a tirar por las ventanas los muebles y los documentos que había en ella al grito de Fuera, fuera y El pueblo quiere derrocar al régimen. 

  La Policía ha indicado que no se desplegó a las fuerzas de seguridad en la zona para evitar mayores incidentes, según ha informado el diario egipcio Al Masry al Youm. 

  En un segundo incidente, los manifestantes han incendiado la sede de la formación islamista en Mansura, la capital de la gobernación de Daqahlia tras lanzar piedras y cócteles molotov contra las oficinas. Al menos seis personas han resultado heridas después de que seguidores de Hermanos Musulmanes respondieran a la agresión lanzando piedras. 

  Por último, la Policía ha disparado gases lacrimógenos para abortar un intento de asalto contra la sede de la formación en la localidad de Damanhur, capital de la gobernación de Beheira. 

  Durante la jornada, varios centenares de personas han resultado heridas en el país, en el marco de los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mursi. Miles de personas han salido a las calles de varias ciudades de Egipto para protestar contra el decreto presidencial en el que el mandatario refuerza sus poderes. 

  Por otra parte, Hermanos Musulmanes ha convocado una manifestación el viernes en apoyo a las decisiones del presidente, Mohamed Mursi, frente a la Universidad de El Cairo. En este sentido, el líder del Partido Libertad y Justicia (FJP) -brazo político de Hermanos Musulmanes-, Ahmed al Nahas, ha subrayado que las manifestaciones en favor del mandatario se celebrarán de forma regular.

LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL 

  Uno de los puntos más controvertidos del texto aprobado por Mursi es el sexto, en el que se establece que "el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional". 

  Varias voces críticas con el presidente han manifestado que este artículo supone una declaración de ley marcial bajo el disfraz de un artículo parte de un decreto, al tiempo que han mostrado su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar o las situaciones en las que aplicar el artículo. 

  Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley, declaración o decreto emitido por Mursi desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.   

  Además, en su declaración constitucional, Mursi decretó que la Asamblea Constitucional no podrá ser disuelta ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio), y que el organismo -dominado por Hermanos Musulmanes- contará con otros dos meses de plazo para redactar la Carta Magna del país, extendiendo el plazo de los seis a los ocho meses. 

  Por último, ordenó la destitución del fiscal general del país, Abdel Maguid Mahmoud, y el nombramiento de Talat Abdulá -quien ha jurado su cargo minutos después de que Mursi terminara la lectura del decreto- sin la aprobación del Consejo Judicial Supremo.

LIMITACIONES AL BLINDAJE

   En respuesta a la oleada de críticas, tanto a nivel interno como internacional, el portavoz de la Presidencia egipcia, Yasir Alí, aseguró este lunes que el blindaje de las decisiones del presidente del país, Mohamed Mursi, que establece el decreto presidencial aprobado el pasado jueves es limitado porque sólo se aplica a las decisiones de "soberanía".  

 "El presidente ya ha dicho que tiene el mayor respeto a la autoridad judicial y a sus miembros", ha afirmado Alí, en declaraciones a la prensa. El portavoz presidencial ha asegurado que el blindaje de las decisiones de Mursi se circunscribe a las decisiones "vinculadas con temas de soberanía". 

  Además del rechazo en las calles, el decreto presidencial también ha provocado la reacción de los jueces, que decidieron convocar el sábado una huelga indefinida hasta que la medida sea retirada.