El ponente de la Constitución de 1978 y consejero permanente del Consejo de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha afirmado este miércoles que el sistema de elección por cuotas del Tribunal Constitucional es "nefasto", ya que "tiende a su politización" y vincula a los magistrados con opciones políticas determinadas.  

  Tras intervenir en el Curso de Verano "La Justicia y el Estado Social de Derecho" organizado por la Universidad Complutense de Madrid, Herrero y Rodríguez de Miñón ha subrayado la "tremenda presión" a la que viene siendo sometido el Constitucional y  ha precisado que el sistema de renovación vigente "tiende a su politización".  

  No obstante, ha insistido en que este hecho "no es culpa de los magistrados, ni siquiera de quienes los eligen, sino del propio sistema, que vincula al magistrado con un determinado grupo político ante la opinión pública".  

  Por ello, ha valorado que "habría que sustituir el sistema de cuotas por un sistema distinto en que se llegara a la nominación por una institución imparcial, si es que existiera, o bien pasar a una designación vitalicia", si bien ha considerado que este último modelo sería de difícil imposición en España. "No creo que eso cuaje", ha asegurado, al tiempo que ha delimitado la opción de renovar sus componentes "uno a uno y no por grupos ", de manera que pueda llegarse a "mayores dosis de consenso y menos dosis de distribución".  

  En este sentido, no obstante, ha observado la posibilidad de que el sistema de cuotas fuera sustituido por "una instancia neutral", una especie de Senado no político compuesto de ex altos cargos, que fueran los encargados de designar a los organismos de control. "¿No es ilógico que los expresidentes del Gobierno, o los altos dirigentes sindicales o autonómicos o empresariales, una vez  que dejan sus cargos, tengan que hablar en las tertulias radiofónicas?", se ha preguntado, al tiempo que ha ironizado sobre si España está realmente "tan sobrada de capacidades como para amortizar a quien por ejemplo tiene trece años de experiencia política como presidente del Gobierno".

   Asimismo, el que fuera ponente de la Carta Magna, ha señalado la posibilidad que ofrece el TC de acudir al "recurso de amparo" como el motivo principal de su excesiva sobrecarga de trabajo, que deriva en su "lentitud en las resolución". "Está sobrecargadísimo de trabajo", pero es consecuencia directa de un recurso jurídico, que "tuvo una importantísima función pedagógica en pro de los valores constitucionales y derechos fundamentales",  cuya vigencia "ya ha cumplido" y "debería revisarse", ha argumentado.   

 "Mientras el tribunal se convierta en una tercera instancia en que todo pleitista puede llegar a un recurso de amparo, aunque después ese recurso se desestime por no ser de ámbito constitucional, la obligación de su previo estudio sobrecarga innecesariamente al Tribunal", ha precisado.

"DEJARÍA LA CONSTITUCIÓN COMO ESTÁ"  

  Por otro lado, preguntado por la creciente corriente de opinión que señala la necesidad de reformar la Constitución, Herrero y Rodríguez de Miñón ha asegurado que, personalmente, "la dejaría como está", puesto que no cree que exista "el consenso político ni social suficiente como para abordar una reforma de la Carta Magna, sobre todo ahora". "Yo no soy partidario de revisar la constitución y menos para revisar los conceptos. La dejaría como está", ha concluido.