El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha llevado este lunes a Fiscalía "un posible delito de desobediencia y prevaricación" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del exministro de Sanidad Alfonso Alonso y de la exsecretaria de Estado de Servicios Sociales Susana Camarero por incumplir sentencias del TC que reconocen la competencia del Govern en repartir subvenciones a las ONG con lo recaudado por el 0,7% del IRPF.

"Si la Fiscalía considera que lo que hicimos el 9N o lo que ha hecho la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, son motivo de presentación de querellas por delitos de desobediencia o prevaricación por desobedecer al TC, hay quien se ha pasado tres pueblos", ha sostenido en rueda de prensa.

Según Homs, la decisión de recurrir al fiscal se ampara en las "propias argumentaciones" de la Fiscalía respecto a casos que afectan a políticos y autoridades catalanes basándose en resoluciones del TC.

Ha presentado el escrito después de que el TC fallara el 19 de enero en favor de la Generalitat en el conflicto de competencias que presentó contra el Gobierno central por una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales de mayo de 2016, que convocaba subvenciones para programas de interés general a cargo de 0,7% del IRPF.

Según se recoge, el fallo constataba que la resolución impugnada invadía competencias asistenciales de la Generalitat, y el Govern considera que el Ejecutivo central reiteradamente "trata de eludir la doctrina del TC y sus sentencias en este ámbito con subterfugios y maniobras legislativas, aprobando por ejemplo nuevos marcos normativos" para intentar justificar su capacidad de dar estas subvenciones.

"Llevan 10 sentencias consecutivas buscando subterfugios jurídicos para ejercer unas competencias que no tienen. Ahora tendrán la prueba del algodón para si nos persiguen por ideas políticas o basándose en el derecho", ha avisado Homs.

Ha llamado a la Fiscalía a actuar con los mismos criterios que ha utilizado para ir contra el expresidente Artur Mas, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, la presidenta del Parlament y él mismo: "Si hay motivo para encausarnos, más motivo habrá cuando un gobierno, diez veces consecutivas, no ha cumplido con el TC".

Para Homs, no es una decisión menor ni les gusta llegar a este punto, pero "si la Fiscalía y el poder judicial español actúan igual ante todo el mundo, deberían hacerlo también en consecuencia en este caso".

70 INCUMPLIMIENTOS DESDE 1992

"Son ellos los que se han empeñado en judicializar la política, y nosotros tenemos derecho a defendernos y a girar los argumentos en su contra", y asegura que el Gobierno central ha incumplido 70 sentencias del TC desde 1992.

Pese a todo, y a una semana del juicio a Mas, Ortega y Rigau, Homs está convencido de que saldrán adelante, y ha lamentado que el sistema judicial español ocupe el puesto 97 en el ranking mundial de independencia del poder judicial, después de Bolivia y Tanzania.