Sabado, 18 de mayo de 2024
Posible fin de la jurisdicción militar
HRW pide al Gobierno marroquí que investigue las denuncias de tortura de activistas saharauis
Aunque ha reconocido la importancia de la decisión de las autoridades de poner fin a la jurisdicción militar sobre delitos relacionados con el independentismo saharaui.
HRW menciona en particular el caso de Abdeslam Loumadi, un vecino de El Aaiún procesado por un tribunal civil que desestimó investigar la denuncia de maltratos policiales durante su interrogatorio. En cambio, Loumadi fue condenado basándose en una declaración presentada por la Policía que él rechazó y no firmó.
La organización pro Derechos Humanos asegura que el caso de Loumadi sigue el mismo "patrón" según el cual se condena a los acusados con pruebas obtenidas bajo torturas o maltratos.
El Tribunal de Apelaciones de El Aaiún confirmó en julio la condena de Loumadi, conocido por su participación en manifestaciones a favor de la autodeterminación del Sáhara, por un delito de "reunión armada" y agresión a los agentes de la autoridad.
JURISDICCIÓN MILITAR
El pasado 23 de julio la Asamblea de Representantes --Cámara Baja-- marroquí aprobó por unanimidad una serie de reformas del código militar que impediría que los civiles fueran juzgados en tribunales militares, pero aún queda pendiente la aprobación de estas modificaciones en la Asamblea de Consejeros --Cámara Alta--. La reforma incluye el polémico Artículo 290 del Código de Procesamiento Penal, que presupone la veracidad del testimonio policial a no ser que el acusado demuestre lo contrario.
"Es bueno que Marruecos parezca dispuesto a poner fin a la jurisdicción militar sobre civiles, pero sea militar o civil, un tribunal no puede impartir justicia si ignora las denuncias sobre torturas para la obtención de confesiones", ha argumentado la directora de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Sarah Leah Whitson.
HRW recuerda además el caso otros 21 saharauis, incluidos varios activistas de Derechos Humanos, que están cumpliendo largas condenas por su implicación en los disturbios ocurridos durante el desalojo del campamento saharaui de Agdeim Izik, a las afueras de El Aaiún. Los 21 fueron condenados en 2013 basándose en confesiones a la Policía sin que se investigaran las denuncias de tortura.
Por todo ello, HRW insta a las autoridades marroquíes a "aparcar" ambas condenas o impulsar "nuevos juicios civiles" para estas 22 personas y que "se investigue minuciosamente" cualquier denuncia de tortura o de falsificación de declaraciones.
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