Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE dieron 'luz verde' el pasado 14 de octubre a la creación de un marco jurídico nuevo que permite imponer sanciones a personas y entidades en Nicaragua responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos o cuyas acciones menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en el país, así como a las personas asociadas a estas.

"Ahora que la UE tiene el marco legal para sanciones a funcionarios nicaragüenses clave implicados en la brutal represión a opositores, debe imponer rápidamente prohibiciones de viaje y bloqueo de activos contra los responsables de los graves abusos", ha dicho el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en un comunicado.

HRW ya solicitó el pasado mes de julio a la UE, en una carta dirigida a la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y a los ministros de Exteriores que sancionara a Ortega como máximo responsable de la Policía Nacional, que se encargó de la represión de las protestas antigubernamentales.

La ONG también señaló entonces a la general retirada Aminta Granera, ex jefa de la Policía Nacional, que estuvo a cargo del cuerpo de seguridad hasta que fue sustituida por el general Francisco Díaz; además de a este último y a su sucesor como subdirector, el general Ramón Avella; al general Jaime Vanegas, inspector general; y a los jefes de la Dirección de Asistencia Judicial, el general Luis Pérez, y del Departamento de Operaciones Especiales, el general Justo Pastor.

Vivanco ha sostenido que "la presión es esencial para evitar mayores violaciones (de los Derechos Humanos) y garantirzar la rendición de cuentas por los actos que pueden constituir graves crímenes bajo el Derecho Internacional".

A este respecto, HRW ha recordado que "la presión internacional jugó un papel clave para garantizar que el Gobierno de Ortega liberara a cientos de detenidos entre mediados de marzo y mediados de junio y retirara los cargos contra algunos de ellos bajo a la ley de amnistía aprobada en junio".

Las protestas en Nicaragua estallaron en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social pero crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" del país. Más de 300 personas murieron por la represión de las manifestaciones. Los expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que constataron lo ocurrido 'in situ' recomendaron juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.

Ortega ofreció un diálogo a la oposición que, tras varias idas y venidas, acabó suspendido en medio de reproches cruzados de incumplimiento. El principal resultado fue la liberación de decenas de personas detenidas durante las protestas.