"Las fuerzas de seguridad de la vecina Amhara, con la aquiescencia y posible participación de las fuerzas federales etíopes, expulsaron a cientos de miles de civiles tigrianos de sus casas mediante amenazas, homicidios ilegítimos, violencia sexual, detenciones arbitrarias masivas, pillaje, traslados forzosos y negación de ayuda humanitaria", han dicho.

Así, ambas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han subrayado en un comunicado conjunto que "estos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil tigriana constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra".

Además, han reclamado al Gobierno etíope que pida a las fuerzas de seguridad y a las milicias "el cese de estas atrocidades", así como el acceso de las agencias humanitarias a la zona y el apoyo a iniciativas que garanticen la rendición de cuentas de aquellos que son responsables de estos graves delitos.

"Desde noviembre de 2020, las autoridades y fuerzas de seguridad de Amhara han llevado a cabo una campaña de limpieza étnica incesante para obligar a la población tigriana de Tigray Occidental a abandonar sus casas", ha manifestado el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

Roth ha reprochado a las autoridades etíopes que "hayan negado rotundamente la escandalosa diversidad de crímenes cometidos y que hayan tomado la atroz decisión de no abordarlos".

El comunicado pide que todo acuerdo alcanzado por las partes del conflicto armado debe incluir el envío de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz liderada por la Unión Africana (UA) a la zona de Tigray Occidental para garantizar la protección de todas las comunidades frente a los abusos.

"La respuesta de los socios regionales e internacionales de Etiopía no se ajusta a la gravedad de los crímenes que siguen cometiéndose en Tigray Occidental", ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

A su juicio, "sus gobiernos deben contribuir a poner fin a la campaña de limpieza étnica, garantizar que la población tigriana puede regresar a sus casas de forma voluntaria y segura, y tomar medidas concertadas para que se haga justicia por estos terribles crímenes".

IA y HRW también han denunciado que las autoridades "arrestaron a miles de residentes tigrianos y los sometieron a detención prolongada en condiciones de hacinamiento y abusos", agregando que las fuerzas de seguridad "utilizaron también la violación en grupo, acompañada de insultos y agresiones, secuestro y esclavitud sexual".

Además, según las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, las autoridades de Tigray Occidental impusieron restricciones sobre la libertad de circulación, la ayuda humanitaria, el uso de la lengua tigriana y el acceso a las tierras de cultivo para obligar a la población tigriana a marcharse.

Así, han recordado a las autoridades de Etiopía que en un conflicto armado, todas las partes están obligadas a respetar el Derecho Humanitario.

Por lo tanto, han reclamado al gobierno "desmovilizar y desarmar" a todas las milicias que hayan cometido abusos en Tigray Occidental y someter a escrutinio la Fuerza Especial de Amhara y las fuerzas federales etíopes para "retirar a todos los miembros implicados en abusos graves".