El veredicto se hará público después de que se celebre una audiencia programada para este martes, en la que los 24 acusados saharauis se enfrentan a varios delitos por su supuesta responsabilidad en la muerte de 11 miembros de las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos producidos en noviembre de 2010 durante el desmantelamiento del campamento de protesta en Gdeim Izik y en la cercana El Aaiún, la principal ciudad del Sáhara Occidental.

A pesar de que los acusados ya habían sido condenados por un tribunal militar de Rabat, el Tribunal de Casación de la capital ordenó que se llevara a cabo un procedimiento civil, después de que se aprobara una ley que prohíbe que se juzgue a civiles en tribunales militares. En el juicio, que se inició en diciembre de 2016, se dictaron sentencias que se basaban, casi exclusivamente, en confesiones obtenidas mediante tortura, según aseguran HRW y AI.

La directora de Oriente Próximo y el norte de África de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson, ha dicho que "Marruecos ha dado el paso positivo de ordenar un nuevo proceso con un tribunal civil pero aún es necesario asegurar que nadie es condenado con pruebas que se hayan obtenido mediante la tortura". Según los testimonios, los acusados sufrieron fuertes palizas y fueron suspendidos por las muñecas y las rodillas, además de sufrir amputaciones de las uñas y violaciones con objetos.

Casi siete años después de la presunta tortura, HRW y AI han revisado los informes de los médicos responsables en el proceso militar y han observado que en todos los casos concluyen con la misma frase: "Los síntomas que manifiesta actualmente y lo que observamos durante nuestro examen no corresponden con los métodos específicos de tortura alegados".

La directora de investigación de Amnistía Internacional en el norte de África, Heba Morayef, ha declarado que "el poder judicial de Marruecos no debería desperdiciar la oportunidad de hacer justicia mediante procedimientos civiles". "El tribunal debe excluir las confesiones y declaraciones a menos que sean capaces de demostrar que fueron voluntarias", ha dicho. "Ningún acusado debería ser sentenciado si sus denuncias de tortura no han sido investigadas durante años", ha añadido.

La Constitución marroquí prohíbe la tortura y los actos "crueles, inhumanos, degradantes o que perjudican la dignidad". Además, el Código Penal del país tipifica como delito la tortura y considera que las confesiones obtenidas mediante "violencia" o "coerción" son inadmisibles ante los tribunales.

"Las familias quieren que se haga justicia pero no será justicia si se confía en confesiones obtenidas mediante la tortura o la coerción", ha añadido Whitson.