El informe de 10 páginas de HRW y el Foro Penal de Venezuela, que también acusa a las fuerzas de seguridad de torturar a civiles acusados de ayudar a un expolicía rebelde, sale a la luz cuando algunos países presionan al Tribunal Penal Internacional para que investigue al Gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En el informe se citan hasta 32 casos en los que personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron sometidas a golpes, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortes con hojas de afeitar en las plantas de los pies y descargas eléctricas.

"El Gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración", ha señalado el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

Los agentes de inteligencia "no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan", según ha añadido Vivanco.

En un caso citado en el informe, el día antes de que Maduro ganara la reelección el 20 de mayo del 2018 --unos comicios que los opositores y críticos consideraron una farsa-- oficiales armados sin identificación detuvieron a José Marulanda, compañero de una sargento del Ejército acusada de conspirar contra el Gobierno.

Marulanda, un médico de 53 años, fue golpeado tan severamente en la cabeza en la sede de DGCIM que perdió la audición de su oído derecho, según ambas organizaciones.

Maduro ha acusado en reiteradas ocasiones a Estados Unidos y al Gobierno de Colombia de conspirar para derrocarle.

Funcionarios venezolanos también dicen que los grupos de Derechos Humanos minimizan actos violentos de la oposición, incluido una denuncia de incendiar a un hombre en una manifestación y atacar a la Policía con explosivos.

Tanto HRW como Foro Penal han acusado previamente a Venezuela de torturar a opositores del Gobierno durante las protestas en 2017, en las que murieron más de 120 personas.

Sin embargo el informe publicado este miércoles, que documenta varios incidentes ocurridos en 2018, sugiere que el Gobierno está preocupado por la lealtad de los militares tras la crisis económica del país que provocó una ola migratoria sin precedentes.

Más de 170 soldados fueron detenidos por traición, rebelión y deserción a principios de 2018, en comparación con los 196 en todo 2017, según documentos recogidos por Reuters.