Las asociaciones de jueces y fiscales han acordado celebrar juicios durante las cuatro horas de audiencia pública y cortar automáticamente las vistas cuando sean las 14.00 horas. Es una medida que forma parte de su hoja de ruta en protesta por la "inasumible" carga de trabajo que soportan los tribunales y el ratio de juez por habitante en España que es similar al de países como Turquía o Azerbaiyán.

   La cuatro asociaciones de jueces y las tres organizaciones de fiscales han vuelto a mostrar este martes su sintonía para denunciar la situación "permanente de crisis" que sufre la Administración de Justicia desde inicios de la democracia, a la que se ha acompañado un aumento del 50 por ciento de la litigiosidad en plena crisis económica.   

 La falta de inversión se refleja en el "significativo" estudio del Consejo de Europa, que situaba recientemente el ratio de juez por cada 100.000 habitantes en España "en el pelotón de cola" de los países analizados hasta acercarse a "niveles parecidos a los de Turquía o Azerbaiyán", según ha destacado el portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol.  

  Las asociaciones esperan que el Ministerio de solución a su malestar y, "si no se llega a buen puerto", no descartan en convocar la huelga. De hecho, iniciarán contactos con los grupos parlamentarios para que tengan "cabal" conocimiento de la situación de la Administración de Justicia.

 "SE ACABÓ EL VOLUNTARISMO"  

  "El voluntarismo se está acabando", han recalcado los integrantes de las organizaciones judiciales y fiscales, para destacar que desde el 2 de noviembre autorregularán su trabajo según las directrices del informe publicado en octubre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la carga "deseable" que debe asignarse a cada órgano judicial.  

  Por ejemplo, el CGPJ establece que los juzgados de lo Social pueden asumir 800 asuntos, pero en la actualidad están llegando 1.600 asuntos. "Esto significaría que en cómputo anual el juez debería organizarse para asumir los 800 asuntos", ha expuesto el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado.  

  "Un ejemplo más claro, los juzgados de lo mercantil deberían tener una media anual de 22 concursos. En Zaragoza, habían entrado 200 asuntos en los dos juzgados de lo mercantil", ha indicado, para alertar: "Si aplicamos la autorregulación a rajatabla significaría una clara paralización de la actividad económica de este país en sede judicial".  

  "Por nuestra responsabilidad estamos haciendo un trabajo exorbitante. El voluntarismo y el sacerdocio vienen reconocidos por todos nosotros durante muchísimos años, pero se está acabando porque no tenemos ningún reconocimiento", ha añadido Dolado.   

 En cuanto a la limitación de los juicios a la hora de audiencia, ha expuesto que el horario suele ser de cuatro horas. "Empezaríamos los juicios a las 10 y los acabaríamos a las 14.00 horas", ha señalado Dolado, para explicar que, generalmente, se prolongan hasta acabar todos los juicios que están señalados.  

 "Si esto no es así, significará que a partir de las 14.00 suspenderíamos los juicios que estuviesen pendientes, con lo cual iríamos muy rápidos esa mañana, escucharíamos de peor manera a los abogados y a los ciudadanos. Habría que volver reajustar todas las agendas y el colapso todavía sería mayor", han añadido.  

  Las asociaciones demandan que se ponga fin a la situación que atraviesa esta Administración y expondrán su malestar el 23 de noviembre a las puertas del Ministerio de Justicia. La Asociación Profesional de la Magistratura decidirá esta semana si secunda esta iniciativa, según ha explicado su portavoz María Teresa Sáez.  

  En una rueda de prensa celebrada en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, las asociaciones representativas de la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal han mostrado su preocupación por la necesidad de reducir los tiempos de espera y por garantizar la independencia e imparcialidad en su trabajo.  

  Unas cuestiones que, a su juicio, quedan en entredicho ante las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia referidas a sus condiciones laborales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).    Han alertado así del "severo" estatuto profesional de los jueces, quienes "se jubilan a los 70 años" y que soportan unas condiciones de trabajo que están "lejos de ser idílicas", tal y como ha manifestado el portavoz de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma.

 QUEJAS A LA REDUCCIÓN DE LOS JUECES SUSTITUTOS   

 En este sentido, han recordado los problemas en la interconexión de los sistemas informáticos y han criticado la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que reduce a la excepción la figura del juez sustituto. Han sugerido un sistema de oposiciones para que este personal, que ha demostrado su valía durante años, pueda seguir prestando sus servicios en la Administración.    

 "No nos vale que cada juez lleve dos juzgados. Si no hay suficientes voluntarios para ejercer las sustituciones significará que se enfermen los titulares o que tengan que hacer sentencias como churros con una calidad pésima", ha aseverado Dolado. 

     El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha advertido de que la práctica supresión desde enero de la justicia interina reducirá "un 30 por ciento" la plantilla y traspasará a los jueces titulares un volumen de trabajo imposible de gestionar.  

  Dicho esto, los jueces y fiscales han acusado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón de gobernar "a golpe de titular" pero no invertir en la modernización de los tribunales. "No nos vale que los políticos se tiren los trastos a la cabeza, queremos soluciones porque la carga de trabajo es inasumible", han alertado.  

  Además de la reducción de los más de 1.200 jueces sustitutos, las asociaciones han criticado el proyecto de ley de tasas judiciales --que mañana debate el Congreso de los Diputados-- y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque "despoja" de sus funciones al órgano de gobierno de los jueces.  

  Estas medidas han sido asumidas por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.