La semana pasada, el TUE declaró ilegal la controvertida legislación húngara que limita las opciones de las ONG del país de recibir fondos extranjeros para su financiación, al concluir que contraviene derechos fundamentales protegidos por la UE como la libertad de asociación y la protección de datos, así como el derecho a la libre circulación de capitales.

Szijjártó ha subrayado que en Hungría hay organizaciones que "intentan influir en la opinión pública y tiene que estar claro qué es lo que pretenden, sobre todo si se financian desde el extranjero", y que la organización Transparencia Internacional también está abogando por que las organizaciones sean transparentes.

Así, ha defendido que la transparencia es un "requisito justo" para que se conozca a quién benefician las actuaciones de las ONG, pero es un problema para quien no quiere desvelarlo.

La Comisión Europea elevó el caso al Tribunal con sede en Luxemburgo al no lograr convencer al primer ministro húngaro, Viktor Orban, de que enmendara la ley adoptada en 2017 bajo el nombre 'Ley de Transparencia' y que desde entonces impone obligaciones de registro, declaración y publicidad a organizaciones de la sociedad civil que reciben directa o indirectamente dinero del exterior bajo la amenaza de sanciones.

La norma, que fue vista como un intento por limitar la influencia del magnate George Soros, crítico con las políticas anti inmigración promovidas por el Gobierno húngaro, fue motivo para que Bruselas expedientara a Hungría al considerar que discrimina y restringe "desproporcionadamente" las donaciones desde el extranjero a organizaciones civiles.

Tras su examen, la Justicia europea cree que Hungría no ha demostrado por qué el objetivo de aumentar la transparencia de la financiación de las asociaciones que invoca justificaría las medidas concretamente establecidas por la Ley de transparencia.

Luxemburgo critica que la Ley de Transparencia se basa en una "presunción de principio e indiferencia" para invocar razones de orden público y de seguridad pública para imponer las obligaciones, porque parte de que "toda financiación extranjera es intrínsecamente sospechosa".

También concluye que va en contra del derecho a la libre asociación porque la ley "dificulta significativamente, en varios aspectos, la acción y el funcionamiento de las asociaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley" y pone además en duda que respete las reglas en materia de protección de datos.

Por todo ello, el TUE dictamina que ninguno de los objetivos de interés general invocados por Hungría podría justificar las disposiciones de la norma que limita la financiación de las ONG a partir de fondos extranjeros.