Jueves, 22 de abril de 2021

detenidos tras el golpe de Estado en Birmania

Imputados por incitación Suu Kyi y el expresidente Win Myint

Los nuevos cargos han sido presentados en el marco de una comparecencia por videoconferencia de Suu Kyi ante el tribunal que juzga su caso, sin que por el momento el Ejército haya esclarecido dónde se encuentra desde su detención.

Sus abogados han resaltado que Suu Kyi parece estar "en buen estado de salud" y ha pedido durante la vista ver a su equipo legal, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC. La vista ha tenido lugar en medio de una nueva jornada de protestas en varios puntos del país.

Suu Kyi fue imputada en un primer momento por violar la Ley de Exportaciones e Importaciones a través de la adquisición de unos walkie-talkies, si bien posteriormente se le agregaron cargos por violaciones de las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus.

La asonada del 1 de febrero tuvo lugar poco antes de que tomara posesión el nuevo Parlamento, surgido de las elecciones de noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con una amplia victoria, en medio de las denuncias de fraude de un partido vinculado a las Fuerzas Armadas.

A raíz de la asonada se ha registrado una oleada de protestas en el país que ha sido reprimida por las fuerzas de seguridad. Las movilizaciones del domingo murieron 18 personas, en el día más sangriento desde el comienzo de las protestas contra el Ejército birmano, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El organismo señaló en un comunicado que cuenta con "información creíble" de que las fuerzas de seguridad birmanas han usado munición real contra los manifestantes en Rangún, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago y Pokokku, además de gases lacrimógenos y granadas de conmoción.

Asimismo, Naciones Unidas estima que más de 1.000 personas han sido arrestadas y detenidas arbitrariamente en el último mes, algunas de las cuales siguen desaparecidas, en su mayoría sin ninguna forma protección legal "simplemente por ejercer sus derechos humanos a la libertad de opinión, expresión y reunión pacíficas".


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