El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona ha imputado al exsecretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) Josep Maria Matas y al que era su jefe de servicios jurídicos, Francesc Xavier Solá, por haber desviado presuntamente cerca de un millón de euros, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.  

  Los ha imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos y los ha citado el 17 de abril para interrogarles tras admitir a trámite la querella presentada por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, tal y como publica El País este jueves.  

  En este escrito, el fiscal relató que ve indicios de que Matas "se aprovechó ilícitamente de su mando efectivo sobre la ACM para desviar de forma continuada fondos de esta entidad a su bolsillo particular" y al de Solá, con quien estaba concertado.  

  También ha imputado a Ramón Grau, administrador de una de las empresas pantalla (Parés i Solé S.L.) supuestamente utilizada por Matas para facturar a la ACM servicios que en realidad no se prestaron; a Lluís Tresserres, primo de Matas, y a José Escoda, responsables respectivamente de Tresserres Imatges Corporatives y Minamb Quattro; estos dos y el socio de Matas Salvador Quadreny serán interrogados el 29 de abril.  

  Según el fiscal, Matas, "prevaliéndose del control directo y en la práctica omnímodo sobre los mecanismos de contratación y gasto de la ACM, interpuso sociedades instrumentales igualmente controladas por él --Parés i Solé S.L., Tresserres Imatges Corporatives S.L.-- en la contratación de servicios de la ACM".   

Matas interpuso "artificiosamente" a la agencia de publicidad Parés i Solé S.L. en la prestación de servicios a la ACM entre 2005 y 2009, engrosando con facturas falsas el precio del servicio, que en realidad realizaba una tercera sociedad, logrando en total casi medio millón de euros.  

  También montó otro sistema más sofisticado: uno triangular incorporando y usando a la empresa de su primo, "aparente proveedor de servicios de la ACM, a quien facturaba mendazmente" para cobrar por servicios inexistentes.

SUELDO "DESMESURADO" Y PELOTAZO  

  Considera además que Matas "por propia iniciativa y sin autorización de los órganos colegiados --de la ACM-- se autoconcedió una retribución desmesurada en la entidad", además de que ambos querellados aprovecharon sus cargos en la ACM, en la Fundación privada de vivienda pública de Cataluña (FPHP) y en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) --Solá era concejal de Urbanismo de CiU-- para procurarse interés económico en operaciones inmobiliarias.  

  Según el fiscal, Matas aprovechó su cargo para engordar su salario en la ACM sin autorización de la entidad: mientras que entre 2006 y 2009 rondaba los 90.000 euros anuales, en 2010 pasó a ser de 198.500 euros, y en 2011 fue de 273.000 euros, contando la indemnización percibida por abandonar la asociación.  

  El fiscal también acusa a Matas y Solá de un pelotazo urbanístico en Vic en el que abusaron de sus cargos en la ACM, la FPHP y el Ayuntamiento de Vic para obtener en 2009 para su empresa, Promocu Habitatge S.L., un contrato para construir 18 viviendas sociales.   

Sobre esta operación, el fiscal cree que aunque "nunca se cumplieron las condiciones establecidas en los contratos y que la obra acabó paralizada tras solo haberse construido un 8,9 por ciento del proyecto", Promocu y Minamb --la que realmente efectuó la obra-- facturaron a la FPHP gran parte de la retribución prevista para todo el proyecto, unos 200.000 euros.