Jueves, 25 de abril de 2024
Sin embargo, las autoridades decidieron levantarlas provisionalmente para facilitar la celebración de la festividad musulmana del Eid al Adha
India restaura las restricciones de movimiento y reunión tras nuevas protestas en la Cachemira bajo su control
Las protestas iban dirigidas contra la suspensión del estatuto de autonomía regional declarada el pasado 5 de agosto por el Gobierno del ultranacionalista primer ministro, Narendra Modi, quien acompañó la medida de las mencionadas restricciones para prevenir incidentes y posibles atentados de fuerzas separatistas.
Sin embargo, las autoridades decidieron levantarlas provisionalmente para facilitar la celebración de la festividad musulmana del Eid al Adha, que celebran la mayoría de los habitantes de la región, disputada históricamente con Pakistán.
De momento, unas 20 personas han resultado heridas -- cinco de ellas de gravedad -- durante las protestas de esta noche, la mayoría por heridas de balas y perdigones. Se ha tenido constancia de escaramuzas en los barrios de Rainawari, Nowhetta y Gojwara, en el casco antiguo de la ciudad, donde las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y granadas de conmoción.
Nueva Delhi derogó el 5 de agosto el artículo 370 de la Constitución, según el cual Jammu y Cachemira tenía una amplia autonomía para redactar de leyes --a excepción de temas de asuntos exteriores, defensa y comunicaciones--. El Gobierno central indio alegó la necesidad de integrar más esta zona en el resto del territorio.
La medida derivó también el despliegue de unos 150.000 efectivos de seguridad en la región. Los ciudadanos también han sufrido los cortes de los principales canales de comunicación.
Las líneas de teléfono fijas han sido restauradas en algunas partes de la ciudad después de doce días y Kansal ha afirmado que la mayoría de las centrales telefónicas de la región comenzarán a funcionar el domingo por la noche. Internet y los teléfonos móviles del Estado, sin embargo, permanecerán bloqueados.
Más de 500 líderes y activistas políticos o comunitarios, contrarios a la suspensión del estatuto, siguen detenidos, y algunos han sido trasladados a prisiones fuera del estado.
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