El Ministerio del Interior ha retirado todos los escoltas que tenían los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Consitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a exepción de los cargos más sensibles de la judicatura, entre los que se encuentra el todavía presidente del TS y el órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.  

  La medida ha entrado en vigor este lunes en el alto tribunal y en el CGPJ, de forma que todos los jueces y vocales se han quedado sin el escolta que tenían con la excepción de Dívar, que a pesar de presentar su dimisión el pasado jueves continúa siendo presidente de las dos instituciones; su sustituto en funciones, el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol; y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. También mantendrá su protección policial el presidente del TC, Pascual Sala.    

  En la Audiencia Nacional la retirada de la escolta a jueces y fiscales, que afecta a unos 250 agentes, se producirá mañana, martes, a partir de las 15.00 horas, según señalaron a Europa Press fuentes policiales, que añadieron que la medida fue comunicada por el comisario de la Audiencia Nacional en una reunión con los afectados.  

  Los únicos que mantendrán la escolta en este tribunal, que tiene asignada la labor de investigar y juzgar todas las actividades relacionadas con el terrorismo, la gran corrupción y el blanqueo de capitales, serán el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal-jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos; y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.   

 De esta forma, quedarán sin escolta todos los jueces de la Sala de lo Penal, que se encargan de celebrar los juicios por este tipo de delitos, y los seis magistrados centrales de Instrucción, que llevan a cabo la labor de investigación de los procedimientos penales. Para todos ellos, según fuentes de la Audiencia Nacional, se reforzará el servicio de contravigilancia.  

  Los jueces del tribunal han celebrado este lunes varias reuniones para fijar una posición sobre la medida aunque de momento no tienen previsto realizar un pronunciamiento oficial por razones de seguridad, como sí ha hecho el cuerpo de fiscales.

 AHORRAR GASTOS

   La decisión se enmarca en los planes previstos por el Ministerio del Interior para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas en todo el territorio nacional generando  un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.   

 Tras llevar a cabo una rebaja significativa en el País Vasco y en Navarra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que se desempeñaría la misma política de reducción de escoltas en el resto de España.

   Según los datos que maneja la Secretaría de Estado de Seguridad, de las 1.700 personas que gozaban de estos servicios, un 30 por ciento quedará sin protección, es decir, en torno a 500 personas. Desde el Ministerio se asegura que se ha hecho un estudio particularizado sobre cada caso y se han analizado los riesgos antes de proceder a la retirada de la escolta.

CRITERIOS DE INTERIOR   

 Así lo explicó el secretario de Estado, Ignacio Ulloa, en una entrevista concedida a Europa Press donde detalló los criterios que se han tenido en cuenta. "Hay quien dice: es que yo soy juez y tengo un riesgo inherente al cargo. Ahí no es asumible", detalló.   

"Otra cosa es, por ejemplo, un periodista que esté amenazado en concreto por ETA, eso sí que es un riesgo concreto que tiene una ficha de análisis de riesgo. Esas personas que tienen un análisis particularizado de riesgo normalmente quedan cubiertas pero las que hasta hora lo estaban por su cargo o la función que se desempeñaba lo lógico es que desaparezcan", añadió.  

  Este plan de retirada de escoltas en toda España estaba previsto que se iniciase a partir del 1 de abril, pero los trabajos sufrieron retrasos. "Había muchas personas que en cuanto han oido el run run consideraban que a lo mejor tenían que ser reevaluadas y han instado a solicitudes de evaluación de riesgo", dijo Ulloa.  

  "Eso es lo que nos ha llevado a tener que reevaluar el riesgo respecto a determinadas personas, no sólo judiciales sino diversas autoridades, pero el plan ya entra en vigor y va a ser progresivo comenzando por las escoltas estáticas", sostuvo.   

 El siguiente paso del Ministerio será llevar esta reducción de los efectivos destinados a los servicios de protección en los edificios oficiales públicos