Tres agentes de dicha unidad, pertenecientes a uno de los grupos de Blanqueo de Capitales, han declarado este martes en la vista oral, en concreto sobre la operación Crucero Banús, que supuestamente permitió a cuatro de los acusados, como son Roca, el exedil Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el excomisario Florencio San Agapito, dar "un pelotazo urbanístico".  

  La letrada del ex asesor de Urbanismo ha mostrado su queja por este tipo de valoraciones generales, aunque los inspectores han insistido en que esas manifestaciones respecto a Roca se han establecido a raíz de las investigaciones conjuntas del caso, precisando que en el año en el que se realizó la operación, 2001, a pesar de estar Jesús Gil como alcalde, Roca "ejercía un control y utilizaba el urbanismo a la carta desde Planeamiento 2000".  

  Además, han añadido que en el municipio malagueño "hubo una cuestión muy particular", ya que han explicado que, aunque hubiera un regidor, hubo "un alcalde de hecho, durante el tiempo de la investigación, que fue Juan Antonio Roca", a quien le han atribuido una influencia en el urbanismo y también en concreto en la operación Crucero Banús.

   "El señor Roca es una persona muy inteligente que sabe sacar provecho de todas sus situaciones y participa en todos los tramos del negocio. Es un gran vendedor y los demás sabían su influencia en el Ayuntamiento", han indicado, al tiempo que han manifestado que fue el presunto cerebro de la trama quien negoció el convenio de Crucero Banús con Román, según se desprende de las investigaciones realizadas.   

Respecto al exalcalde Julián Muñoz, los inspectores han dicho que no hay "ninguna prueba en concreto" en la que se pueda constatar que cobrara por esta operación, aunque han señalado que "la dinámica pudiera hacer pensar que sí". Han afirmado que fue el que firmó el convenio, al ser en ese momento alcalde accidental, aunque su defensa ha tratado de hacer ver que el que fuera regidor de Marbella no participó en la negociación.  

  En la sesión de este martes los tres agentes han explicado que su participación en la investigación sobre la operación fue continuar las pesquisas iniciadas por los inspectores de la UDEF, centrándose en los aspectos urbanísticos y concretando la participación de cada uno de los socios en esta operación, que, según el fiscal, supuso unos beneficios para éstos de unos seis millones de euros y unos perjuicios para el Ayuntamiento de casi cinco millones.  

  Han indicado que se hizo un apartado dedicado a Roca dentro de uno de los informes, con el que se pretendía "poner de manifiesto el conocimiento público que tenía prácticamente todo el mundo, a través de los medios de comunicación, de la implicación de esta persona en los distintos procedimientos penales tanto en Marbella como en la Audiencia Nacional".

   En el ámbito urbanístico, los investigadores han asegurado que el convenio no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, ya que, han explicado, entre otras deficiencias, que se cambia la calificación de comercial a residencial, se incrementa la edificabilidad, hay invasión de zonas para jardines o hay afectación de arbolada, aunque han añadido que tampoco se ajustaba al texto de revisión del planeamiento.

VALORACIÓN   

En relación con la valoración, han precisado que parten de la elaboración de un informe puntual en el que se le quiere "dar cuantificación de manera general y no detallada" al instructor de que hay indicios "de un desfase entre la valoración de esos bienes inmuebles y la real del mercado", aunque, después, tendría que ser puntualizado. "Detectamos que el precio de tasación del metro cuadrado que el tasador municipal establece sí era inferior al valor del mercado", han apostillado.  

  Los agentes han precisado que "es significativo" que un día antes de la ratificación del convenio, el 25 de septiembre de 2001, haya un informe del interventor municipal señalando anomalías, como determinar el plan urbanístico que era aplicable, si las condiciones de ese convenio se podían sujetar a ese plan y que habría que realizar una comprobación de que la tasación practicada era correcta.  

  Asimismo, también se requería que se determinara si los aprovechamientos urbanísticos que le corresponderían al Ayuntamiento según el convenio eran de aplicación, ya que han explicado que el interventor "claramente apunta" que el aprovechamiento que se aborda en ese convenio "no es el normal que en estos casos se venía aprobando".

   Los inspectores han insistido, ante las preguntas de la defensa de Roca, que analizaron el convenio en relación con el informe del interventor y no respecto a un primer convenio, de 1996, que, según han dicho, "no fue firmado, era un futurible", y, además, no constaba en ese momento en el sumario, aunque lo solicitaron. A este respecto, han reiterado que el segundo acuerdo es "claramente desfavorable para el Ayuntamiento".

   Los investigadores han defendido también que se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias a la hora de realizar los registros y recoger los archivos informáticos. Así, han explicado que se trabajaba con documentos en copia y "nunca originales" y se utilizó un sistema de huella digital "buscando siempre la mejor manera de garantizar la cadena de custodia", procedimiento que había sido utilizado por la Audiencia Nacional en algunos casos.  

  El presidente del Tribunal, José Godino, ha informado a los letrados de los acusados no relacionados con este bloque de que deberán limitar sus preguntas, ante las quejas manifestadas en la Sala por una de las defensas, al considerar que las cuestiones planteadas por la abogada de otro de los imputados, que no está procesado por esta operación, podían ir contra su estrategia.

   En este sentido, el ponente ha precisado que las preguntas deberán ser concretas, no podrán afectar a otros procesados y se tendrán que ceñir al bloque que se enjuicia. Está previsto que el interrogatorio por parte de las demás defensas a los tres agentes continúe este miércoles.  

  Por último, la Sala ha anunciado quiénes son los acusados por el ministerio fiscal afectados en el próximo bloque, entre los que se encuentran Roca; los letrados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano; los presuntos testaferros Montserrat Corulla, Óscar Benavente y Salvador Gardoqui; el supuesto jefe de seguridad Jaime Hachuel, y el abogado, también acusado por Crucero Banús, Juan Hoffman.