Miercoles, 27 de noviembre de 2024
Necesita la aprobación en un referéndum para ratificarlo
Irlanda convoca un referéndum sobre el Tratado de disciplina fiscal para la eurozona
El primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha anunciado que convocará un referéndum sobre el nuevo Tratado para reforzar la disciplina fiscal en la eurozona, que los líderes europeos tienen previsto firmar en la cumbre del 1 y 2 de marzo, y se ha mostrado convencido de poder ganarlo.
Kenny sigue así la recomendación del fiscal general del Estado, que ha informado al Gobierno de Dublín de que "como el Tratado es un instrumento único, fuera de la arquitectura de Tratados de la UE, en general se requiere un referéndum para ratificarlo" según la legislación irlandesa.
En las "próximas semanas", el Gobierno de Dublín finalizará los procedimientos para convocar el referéndum, entre ellos la creación de una comisión para garantizar la información a los ciudadanos. El primer ministro no ha anunciado cuál será la fecha escogida.
"Confío plenamente en que, cuando se comunique a los ciudadanos irlandeses la importancia y los méritos de este Tratado, éstos lo respaldarán enfáticamente votando sí a la recuperación y a la estabilidad económica", ha dicho el primer ministro irlandés en un comunicado.
Los irlandeses ya han rechazado en referendos dos Tratados de la UE, el de Niza en 2001 y el de Lisboa en 2008, que finalmente acabaron ratificados a la segunda votación tras lograr Dublín concesiones de sus socios europeos. Sin embargo, Irlanda no gozará en esta ocasión de poder de veto en esta ocasión puesto que el Tratado de disciplina fiscal sólo necesita de la ratificación de 12 de los 17 países de la eurozona para entrar en vigor.
Además, el Tratado prevé que aquellos Estados miembros que lo rechacen no tengan acceso a nuevas ayudas del fondo de rescate para países endeudados. Irlanda se beneficia en estos momentos de un plan de ayuda de la UE por valor de 85.000 millones de euros.
El Tratado de disciplina fiscal, que será firmado el viernes por los Estados miembros de la UE salvo Reino Unido y República Checa, obliga a los firmantes a introducir en su Constitución o norma de rango similar una regla de oro que limite el déficit al 0,5% del PIB. Además, prevé sanciones automáticas para los países que superen el umbral del 3% del PIB.
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