Martes, 26 de noviembre de 2024
El nuevo consejo quiere potenciar el derecho de los ciudadanos a elegir el notario que deseen y a que no se lo impongan los grandes operadores
José Manuel García Collantes, nuevo presidente del consejo general del Notariado
El consejo general del Notariado, que representa a los casi 3.000 notarios españoles, ha elegido por unanimidad como presidente a José Manuel García Collantes, decano del Colegio Notarial de Madrid, ha informado la institución en un comunicado. Como vicepresidente del consejo general del Notariado fue elegido Joan Carles Ollé Favaró, decano del Colegio Notarial de Cataluña. Su mandato será de cuatro años.
García Collantes tiene 58 años y es notario desde 1979, actualmente ejerce en Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, y ha sido profesor asociado de Derecho Mercantil de esta universidad. Ollé Favaró tiene 53 años y es notario desde 1985. Ha sido Decano de Colegio Notarial de Cataluña durante los últimos cuatro años, cargo para el que fue recientemente elegido.
Junto al presidente y vicepresidente fueron designados miembros de la comisión permanente de la institución Salvador Torres Ruiz (decano del Colegio Notarial de Andalucía), Ángela Villanueva Romero (decana del Colegio Notarial de Extremadura) y Cesar Belda Casanova (decano del Colegio Notarial de Valencia).
El nuevo consejo persigue garantizar un servicio notarial sostenible económicamente, ejercido de manera ágil en beneficio de los ciudadanos y de las empresas, fundamentalmente de los consumidores. Esta labor la realizan a diario casi 3.000 notarios y más de 17.000 profesionales que trabajan para ellos.
También potencia el derecho de los ciudadanos a elegir el notario que deseen y a que no se lo impongan los grandes operadores, e impulsa la labor asesora e imparcial del colectivo notarial.
Entre sus objetivos para los próximos cuatro años también figuran asumir atribuciones en materia de jurisdicción voluntaria que permitan descargar a los tribunales y así mejorar el funcionamiento de la justicia española, así como la aprobación de una ley de seguridad jurídica preventiva que determine definitivamente el encaje de la función notarial y registral.
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