La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha rechazado la equiparación de las penas previstas para la kale borroka con los actos vandálicos, y ha advertido de que el endurecimiento del Código Penal no soluciona "todos los problemas".  

  En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, ha destacado que la legislación vigente ya sanciona "con dureza" las múltiples conductas que pueden adoptar los alborotadores.   

Entre ellas, castiga los desórdenes públicos, los daños contra el patrimonio, los daños cometidos por incendio o los atentados contra la autoridad. El Código Penal otorga además un tratamiento diferenciado en función del grado de participación de los autores.  

  "Se da la sensación de que se utiliza el Código Penal como una especie de instrumento para dar solución a todos los problemas que pueden existir", ha señalado Ramírez, antes de remarcar que la legislación actual ya "da cobertura" a este tipo de situaciones.   

 "Yo creo que la vía no es esa. Lo que ha sucedido es que han fallado las Fuerzas de Seguridad al tratar de luchar contra estas manifestaciones, que no creo que sean problemáticas. Constituyen una minoría de casos", ha añadido.  

  Además de la organización policial, el portavoz de Jueces para la Democracia ha puesto el acento en que la eficacia de las investigaciones penales. Según ha explicado, el "problema" puede generarse cuando no hay suficientes pruebas para castigar esta serie de conductas, lo cual se resolvería con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).   

 A su entender, una investigación eficaz tiene un efecto disuasorio mayor que el mero endurecimiento del Código Penal. Ramírez ha tildado de "contrasentido" que se eleve la pena mínima por altercados a dos años de cárcel para poder dictar la prisión provisional ya que los jueces también deben valorar el riesgo de fuga o de ocultación de pruebas para acordar esta medida, y no únicamente las penas aparejadas a la infracción.

GRADUACIÓN   

 Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de los riesgos que supone que la reforma legislativa se centre en exacerbar la pena mínima en todos los supuestos.  

  Así, la APM recomienda introducir la posibilidad de graduación de la pena en función de los actos cometidos para así evitar "un castigo excesivo" en casos de disturbios menores en manifestaciones.    

   Llarena ha asegurado, no obstante, que la agravación de penas "no parece irrazonable viendo que existen ataques a los bienes comunes y personas "desmedidos" respecto "a la experiencia de tiempos pasados".   

El portavoz de la APM se ha referido también a la introducción de la posibilidad de decretar el ingreso en prisión provisional de los imputados por actos vandálicos y ha indicado que pese a que no es desdeñable en supuestos graves "los poderes públicos deberían comprometerse a dotar a la administración de Justicia con los medios precisos para realizar su función" y acelerar la celebración de juicios.