Martes, 26 de noviembre de 2024
Grave enfrentamiento entre los poderes del Estado
Jueces y fiscales andaluces pararán una hora este miércoles en defensa de la Justicia y contra la Ley de Tasas
Jueces, fiscales y trabajadores de la Administración de Justicia destinados en la comunidad autónoma andaluza protagonizarán este miércoles un paro de una hora, entre las 12,00 y las 13,00 horas, en defensa de la Administración de Justicia y en protesta por las reformas legislativas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, entre ellas la Ley de Tasas Judiciales.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, tras el acuerdo adoptado por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, éstos protagonizarán un paro de una hora de duración en el que se realizarán concentraciones y ruedas de prensa ante las sedes judiciales de Andalucía y del resto de España para protestar por la situación de la Justicia ante la falta de inversiones y las reformas aprobadas por el Gobierno central.
Esta hora de paro será secundada en la mayoría de las provincias andaluzas, aunque en el caso de Jaén, magistrados, jueces y fiscales no participarán de modo "generalizado" en esta medida de protesta. No obstante, algunos fiscales han mostrado a Europa Press su intención de llevar a cabo el paro, del mismo modo que "es muy posible" que profesionales de los otros colectivos participen de forma individual como forma de protesta contra la Ley de Tasas, la cuál "podría vulnerar" el derecho a la tutela judicial efectiva.
Asimismo, hay que destacar que la jornada de protesta será secundada también en la mayoría de provincias andaluzas por el colectivo de abogados, quienes ya protagonizaron recientemente una concentración contra la Ley de Tasas aprobada por el Gobierno central.
"DESPOTISMO" DE RUIZ-GALLARDÓN
Asimismo, y coincidiendo con el paro, los sindicatos representativos en la Administración de Justicia --CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ-- iniciarán este mismo miércoles una campaña de recogida de firmas en Sevilla contra la Ley de Tasas y en favor de un servicio público de Justicia "para todos, sin exclusiones".
"Nos oponemos a la Ley de Tasas Judiciales porque se crea una Justicia sólo para una minoría privilegiada e impide el acceso a este derecho fundamental a la inmensa mayoría de la sociedad por no tener los recursos que dicha Ley establece", aseveran los sindicatos en un manifiesto, en el que critican el "oscurantismo" y "despotismo" de Ruiz-Gallardón en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma de la Administración de Justicia.
A su juicio, el ministro del ramo "desprecia soberanamente a los profesionales y empleados públicos que, día a día, somos los que mantenemos en pie el servicio público", punto en el que expresan también su rechazo a la "privatización" del Registro Civil proyectada por el ministro, "que van a suponer un encarecimiento para los ciudadanos, que pagarán por unos servicios que ahora prestamos de forma gratuita".
LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN
Por último, desde los sindicatos se hace un llamamiento a jueces, fiscales, abogados, procuradores, ciudadanos, organizaciones sociales y a los empleados públicos de Justicia para que participen en los actos de protestas convocados para este miércoles.
Como antesala de este paro, las siete asociaciones de jueces y fiscales, las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios --un total de 18 colectivos--, han celebrado este martes un inédito acto público "en Defensa de la Administración de Justicia" en el que han coincidido en criticar duramente la gestión de Ruiz-Gallardón, al que exigen que "rectifique" para evitar una "mercantización" y "privatización" de este servicio.
Entre las reformas que han soliviantado a los profesionales de la Justicia, se encuentra, además de la Ley de Tasas Judiciales, que eleva hasta 1.200 euros el precio por interponer un recurso de casación en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, la ley que supone la práctica supresión del número de jueces sustitutos y reduce los permisos, con un consiguiente aumento de la carga de trabajo para los magistrados titulares.
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