Viernes, 29 de noviembre de 2024
El sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía
JUPOL pide directrices "claras y sin sesgo político" para la Policía Nacional de cara al estado de alarma en Madrid
En una nota de prensa, JUPOL ha expresado el malestar por la "inseguridad jurídica" provocada a cuenta de las "decisiones políticas enfrentadas" del Gobierno central y el autonómico. "Nos sentimos utilizados", han apuntado, al tiempo que han criticado que se les haga cumplir "directrices políticas sin respaldo legal".
Así, desde el sindicato han reclamado a "las autoridades políticas que trabajen en pro de una gestión de la pandemia sanitaria, encaminada a combatir el virus y dejar el enfoque de la lucha partidista", y que ha creado "una situación de desconfianza de los ciudadanos en las autoridades".
Por otro lado, han recordado que, dada la "situación de avance del virus" en la capital, han solicitado a la Dirección General de la Policía "una serie de medidas encaminadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como también cuestiones de tipo preventivo, para evitar el contagio de los agentes".
MEDIDAS PARA CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL
En esta línea, han exigido la continuidad de la cadencia 6x6 para preservar los turnos estancos que impidan la interacción de unos grupos de trabajo con otros y así evitar los posibles contagios dentro de dependencias policiales.
Además, se ha solicitado la implementación de una serie de medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral y que permitan a la Dirección General de la Policía adelantarse a las posibles situaciones que se pudieran originar, permitiendo a los agentes conocer las medidas a las que pueden acogerse en los diferentes escenarios que se puedan presentar.
Medidas que pasan, según han apuntado desde JUPOL, por la implementación de la modalidad de teletrabajo para los funcionarios de la Dirección General de la Policía y la regulación de los puestos de trabajo que no se puedan a adaptar a esta modalidad no presencial.
Por último, se ha instado a la Dirección General de la Policía que amplíe la resolución de 20 de mayo de 2020 con la finalidad de que los funcionarios policiales cuyo núcleo familiar no coincida con su domicilio habitual, puedan elegir libremente donde residir, siempre y cuando no perjudique al servicio.
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