El Gobierno ha anunciado un protocolo de actuación contra las 'fake news' o noticias falsas que busquen "influir en la sociedad con fines interesados y espurios", algo que los juristas observan con preocupación por la ambigüedad de la orden ministerial, que podría dar lugar a un uso de la misma que conduzca a la vulneración de derechos fundamentales como las libertades de información y expresión.

La orden, publicada el jueves en el BOE por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, crea una estructura administrativa para combatir "la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación" y velar por "el acceso a información veraz y diversa", lo cual ha generado un gran revuelo entre la oposición.

Carlos Vidal, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha explicado a Europa Press que se trata de "una especie de protocolo de actuación frente a las noticias falsas, no de una norma ejecutiva", por lo que no genera por sí misma una vulneración de derechos fundamentales, si bien ha estimado que "apunta en una dirección que no es la adecuada".

"Controlar la información errónea o las noticias falsas no me parece un disparate, siempre que se haga para contrarrestarla con una información veraz, pero si se hace para intentar que esa información no se difunda, eso no lo pueden hacer ni el Gobierno ni la administración, sino que tendrán que ser los jueces y tribunales quienes valoren si esa información es dañina", ha expuesto.

Vidal ha aclarado que ese tipo de control de la información debe implicar una intervención judicial, porque de lo contrario podría dar lugar a "una especie de censura previa de algunas informaciones que no está permitida por la Constitución". "Es inquietante por lo que parece sugerirse, que es una actuación por parte de la administración que puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales", ha resumido.

DEMASIADO AMBIGUO

En la misma línea se ha expresado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, quien ha apuntado que "aparentemente es una decisión administrativa frente a injerencias organizadas, sobre todo por parte de otros países en procesos electorales", pero al profundizar en la lectura de la orden ministerial "no está tan claro que se refiera solo a eso".

Al igual que Vidal, ve "razonable" que se vigilen las campañas destinadas a una difusión masiva y artificial (a través de 'bots') de información deliberadamente falsa que afecten a cuestiones de seguridad nacional o a garantías democráticas. "En principio parece que se refiere a eso, pero la ambigüedad (del texto) deja abierta la puerta a usos excesivos", ha alertado.

En este sentido, ha señalado que "cualquier actuación que tenga que ver con la libertad de información y la libertad de expresión y, en general, con la posibilidad de los ciudadanos de estar informados y manifestarse públicamente ha de ser muy cuidadosa, porque son pilares de la democracia".

Fernández Vaquero ha recordado que ningún derecho es absoluto, incluidos los de información y expresión, si bien al mismo tiempo ha recalcado que ya existen mecanismos legales --tanto en el ámbito penal como en el civil-- para reaccionar frente a publicaciones "ilegales o que puedan causar perjuicios".

"UN MAL MOMENTO" PARA LAS LIBERTADES

Desde el Foro Judicial Independiente (FJI), se han mostrado "muy críticos" con el plan del Gobierno contra las 'fake news'. "Lo vemos como una vulneración de derechos fundamentales", ha dicho su portavoz, Concepción Rodríguez, quien ha lamentado que "vivimos un mal momento para los derechos fundamentales".

Rodríguez ha fijado su preocupación en el hecho de que cuáles sean las publicaciones que se consideren desinformación "va a depender de quién esté gobernando en cada momento" sin que haya unos parámetros precisos.

Además, ha incidido en que para combatir las 'fake news' se puede acudir a las herramientas contempladas en el ordenamiento jurídico, tales como el derecho a la rectificación en los medios de comunicación o las acciones legales contra mentiras, calumnias, difamaciones y atentados contra el honor de una persona.

"Prácticamente, la democracia se basa en la libertad para expresar tus ideas, siempre que no vulneres los derechos de otros y, si se vulneran, se va a los tribunales", ha zanjado Rodríguez.

En este punto se ha situado también María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para quien "claramente pueden verse vulnerados el derecho a la información y la libertad de expresión".

La portavoz de la APM ha subrayado que "los límites a la libertad de expresión solo pueden establecerse por la autoridad judicial, y de manera muy restrictiva, ponderando la proporcionalidad de esta limitación".

Del Barco ha reiterado asimismo que "hay instrumentos legales suficientes" para actuar contra posibles abusos y que "cualquier limitación normativa de un derecho fundamental, de producirse, debe ser por ley orgánica".

Con todo ello, ha avisado de que "se abre un camino muy peligroso". "Dejar en manos de una autoridad gubernativa decidir qué es verdad y qué es mentira supone dejar en manos del gobierno de turno decidir qué es verdad y qué es mentira, impedir que los ciudadanos puedan formarse libremente su criterio", ha apostillado.

UN REMEDIO EFICAZ

En el extremo contrario, y más minoritario, otros expertos consultados por Europa Press han valorado que la iniciativa de Moncloa puede resultar beneficiosa para la protección de los derechos de personas y empresas que ven destruido su prestigio por informaciones falsas.

Según han planteado, los instrumentos legales disponibles en este momento pueden resultar excesivamente lentos --con procesos judiciales de varios meses-- para neutralizar 'fake news', que pueden "hundir" por completo la reputación de una persona provocando un "daño irreparable".

En su opinión, "cualquier actuación que procure la rapidez en este tipo de casos es fundamental", a lo que añaden que "si la información es veraz no habrá ningún problema".

Grande-Marlaska destaca la transparencia

del plan contra 'fake news' y dice que el

Gobierno está en sintonía con la CE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la transparencia del plan del Gobierno de España para combatir las conocidas como 'fake news' publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha señalado el Ejecutivo está en sintonía "plena" con la Comisión Europea (CE) y los valores de la Unión.

Así lo ha puesto este viernes de manifiesto durante una rueda de prensa junto a la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, y al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con motivo de su visita a Gran Canaria para abordar la gestión de la crisis migratoria que sufre el archipiélago.

"No hay nada más transparente que publicar en el BOE lo que el Gobierno acuerda, y lo acuerda no con una función de fiscalización ni tampoco de limitación de ningún derecho fundamental, y menos de la libertad de expresión y del ejercicio del derecho al a información", explicó.

Grande-Marlaska hizo especial hincapié en que si la voluntad del Ejecutivo fuera esa y no la de la garantizar los intereses de la sociedad en una sociedad democrática y de derecho definidos en los artículos 2 y 6 del Tratado de la UE, "no lo publicaríamos en el BOE".

"No se vulnera ningún derecho fundamental y nuestra única finalidad es proteger el Estado de Derecho y a la sociedad española, y vamos en sintonía plena con la Comisión Europea marcando estos objetivos primeros y principales que son los valores de la UE", aseveró.