Juristas cuestionan la interpretación que viene realizando la vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, de una resolución concreta del Tribunal Supremo a la hora de defender que, cuando decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales.

Esta cuestión no ha sido tratada como tal por el alto tribunal, señalan a Europa Press fuentes jurídicas, y únicamente se ha visto de forma tangencial a la hora de denegar la suspensión del cierre perimetral de Madrid durante Semana Santa, que fue decretado por el Gobierno autonómico en cumplimiento de una disposición del Consejo Interterritorial.

"Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en una situación de particular incidencia, y ahora mismo tenemos Navarra, País Vasco y Madrid con una situación complicada, hay una acción jurídica, que se llama una acción coordinada, que la toma el CISNS si lo considera oportuno, y que la Sala 3 del Supremo hace 15 días con mucho atino jurídico, ha dicho que cuando se decide hay que cumplirlas obligatoriamente en todo el territorio", ha señalado Calvo.

Las mismas fuentes rechazan que el Supremo se haya pronunciado literalmente sobre dicha obligatoriedad ya que el auto referenciado, dictado el pasado 23 de marzo, se limita a rechazar una medida cautelar defendida por Vox en el recurso que presentó contra el decreto firmado antes de Semana Santa por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En dicho decreto se transponía la decisión del Consejo Territorial para cerrar perimetralmente el territorio madrileño, y se da la circunstancia de que el Gobierno regional no estaba tampoco de acuerdo con ella, por lo que pese a cumplimentar la decisión a su vez la recurrió ante la Audiencia Nacional.

NO ENTRA EN EL FONDO

La decisión del Supremo ante la petición de Vox, si bien mantiene la orden del Consejo Interterritorial, no resuelve sobre el fondo de la obligatoriedad o no de que se cumplan dichas medidas, al no ser ésta una cuestión planteada en la pieza de medidas cautelares instada por Vox.

El Supremo se limitó a rechazar el levantamiento de la medida al no advertir la apariencia de buen derecho alegada por Vox, al no acreditarse que de mantenerse las restricciones se produjeran situaciones irreversibles .

En cuanto a los intereses en juego, el Supremo respondió a la formación liderada en Madrid por Rocío Monasterio que, a la hora de ponderar los intereses afectado debía prevalecer la protección de los derechos a la vida y a la salud, que son los objetivos aducidos por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la hora de adoptar las medidas.

"Es razonable optar ahora por la solución que expresa mayor prudencia, tal como nos pide la Letrada de la Comunidad Autónoma de Madrid", añadía el Supremo en su resolución, una posición que quizá ha sido interpretada de forma extensiva por el Ejecutivo de Sánchez a la hora de señalar que el Supremo avala el cumplimento obligatorio de las decisiones del Consejo Interterritorial, añaden las fuentes consultadas. La literalidad de dicha obligación no se incluye en todo caso en el auto dictado por el Supremo.

A ello se añade que la decisión del alto tribunal se enmarca en un Estado de Alarma que dejará de estar vigente el próximo 9 de mayo, por lo que el marco jurídico al que se refiere Calvo en sus afirmaciones sería en todo caso diferente al analizado someramente por el Supremo al resolver sobre la medida cautelar.

 Calvo dice que el Consejo Interterritorial

podrá obligar a las CCAA a limitar la

movilidad sin el estado de alarma

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que, cuando decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales, si "hay una situación particular de incidencia", al tiempo que ha avisado de que ahora hay una "situación complicada" en Navarra, País Vasco y Madrid.

"Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en una situación de particular incidencia, y ahora mismo tenemos Navarra, País Vasco y Madrid con una situación complicada, hay una acción jurídica, que se llama una acción coordinada [..] que el Tribunal Supremo ha dicho hay que cumplirla obligatoriamente en todo el territorio", ha defendido en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press.

A este respecto, ha asegurado que esto es así porque la Sala Tercera del Tribunal Supremo avaló recientemente, "con mucho atino jurídico", que las decisiones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento en todo el territorio. Calvo se refería al auto del TS que en marzo rechazó un recursos de Vox que pedía medidas cautelares contra el cierre perimetral de Madrid en Semana Santa decretado por ese órgano, en el que están el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos de Salud.

"¿Alguien no ha reparado que este es un instrumento muy interesante, obligatorio, contundente y al mismos tiempo flexible para ir viendo a cada día, cada semana, cómo vamos evolucionando?", se ha preguntado Calvo, sobre el Consejo Interterritorial.

Por otra parte, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita oficial en Valladolid, la vicepresidenta también ha defendido que gracias a la acción coordinada del Consejo Interterritorial, a la legislación sanitaria vigente y al aval de los tribunales, las comunidades podrán seguir tomando casi todas las medidas disponibles ahora para controlar la pandemia.

Lo que no podrán hacer, ha reconocido, es confinar a los ciudadanos en sus casas, como ocurre con el toque de queda, ya eso sí necesita regularse a través del estado de alarma. Por lo tanto, ha reafirmado que esta limitación de la movilidad nocturna de los ciudadanos sí acabará el 9 de mayo.

DISPUTA EN MADRID EN OTOÑO QUE ACABÓ EN ESTADO

DE ALARMA

El argumento de la 'número dos' del Gobierno sobre la capacidad que tendrá del Consejo Interterritorial cuando acabe el estado de alarma pone sobre la mesa la posibilidad de que este órgano pueda decidir mantener restringida la movilidad en algún territorio, --sin especificar el ámbito-- si así lo aprueban la mayoría de las comunidades, y sin que sea el propio gobierno autonómico quien lo proponga.

A finales de septiembre, sin que estuviera vigente el estado de alarma, el Gobierno ya trató de obligar al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso a confinar perimetralmente la capital y otros nueve grandes principales municipios por su alta incidencia, valiéndose de una orden ministerial de Sanidad.

Esa orden se basaba en una decisión adoptada por el Consejo Interterritorial por mayoría, en concreto, con el apoyo de 13 autonomías, aunque sin unanimidad, por el voto en contra de Madrid y otras comunidades.

No obstante, el Gobierno de la Comunidad recurrió esa orden a los tribunales y logró que se tumbaran esas medidas por defecto de forma, lo que llevó al Ejecutivo central a decretar el 9 de octubre el estado de alarma solo en esta región, para obligarla a cerrar los municipios con mayor incidencia.

PIDE NO ADELANTAR DEBATES

Preguntada en concreto en Valladolid sobre si el Consejo Interterritorial podrá decretar el cierre perimetral autonómico de las Comunidades, la vicepresidenta ha pedido no "adelantar debates". Eso sí, tampoco ha descartado esta opción.

Lo que sí ha reafirmado es que todas las decisiones que adopte el CISNS "hay que cumplirlas", y que será este órgano el que vaya analizando las medidas necesarias en función de cómo vaya "evolucionando" la pandemia.

"Después de que el Tribunal Supremo dijera que son de obligado cumplimiento, creemos que ese es un instrumento muy útil para tomar decisiones importantes y de obligado cumplimiento en todo el territorio", ha enfatizado.

A este respecto, ha señalado que todavía no se ha podido comprobar la capacidad que tienen estas acciones coordinadas, porque desde esa decisión del Supremo ahora han estado bajo el paraguas del estado de alarma. "Nunca hemos visto las acciones coordinadas operando en la realidad y qué capacidad tienen, pero ya lo ha dicho el Supremo", ha defendido.

"Ha dicho que cuando se deciden, hay que cumplirlas todos, por lo tanto, si el Consejo Interterritorial a cada día y cada semana, según vayamos evolucionando, van viendo circunstancias, se van a tomar decisiones que luego es obligatorio cumplirlas", ha insistido.

Asimismo, ha remarcado que "esto es muy importante que haya ocurrido" porque ha demostrado que el Consejo Interterritorial "es un instrumento muy interesante" que ahora está disponible "para ir afrontando cómo va evolucionando la situación".

También ha insistido en que, "salvo" los confinamientos domiciliarios --lo que incluye el llamado toque de queda-- y, por consiguiente, la limitación de la libertad deambulatoria, "casi todo lo demás es posible". Por ejemplo, ha citado las limitaciones al número de participantes en reuniones o el perimetraje de municipios.

"Salvo el confinamiento en nuestras casas, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas, y con la capacidad de coordinación que hemos desarrollado en el Consejo Interterritorial", ha apostillado. "Nos van a dar una posibilidad importante", ha enfatizado.

DEFIENDE EL CONTROL DE LOS TRIBUNALES

En este sentido, ha defendido que no es necesario reformar la legislación porque debe seguir siendo necesario que exista un control judicial de las medidas que tomen las comunidades que puedan afectar a los derechos fundamentales.

Y ha negado el embrollo judicial del que han alertado algunas comunidades y formaciones políticas cuando decaiga el estado de alarma, al afirmar que, hasta ahora, "en el 99% de los casos los tribunales han dado la razón a las decisiones de los ejecutivos autonómicos, salvo en algún asunto puntual".

"Los tribunales españoles son quienes tienen la llave de cierre de garantías de nuestros derechos. Atravesando una pandemia no se pueden delimitar las garantías de los derechos de un país, es peligroso hacerlo en estos momentos", ha advertido.

"ESCENARIO DISTINTO" AL DE HACE UN AÑO GRACIAS A

LA VACUNACIÓN

En todo caso, Calvo ha defendido que gracias a la vacunación, que cada vez prevén que sean más intensa, el escenario ahora es "distinto" al que había hace un año o medio año. "No nos sirven los parámetros de antes", ha apostillado.

Además, ha criticado que los que ahora piden mantener el estado de alarma o un plan alternativo son, a su juicio, los que se negaban a extender esta herramienta hasta el 9 de mayo. "Tiene que haber una intención mucho más política sobre lo que el Gobierno plantea", ha criticado.

"Lo que hay que hacer ahora, como dijo el presidente Pedro Sánchez, es ir muy rápido a vacunar y proteger. El 9 de mayo no es que esté muy lejos pero tiene un tiempo por delante. Los debates por adelantado no sirve para nada", ha insistido, antes de pedir "lealtad" a todos para seguir luchando contra la pandemia.