Yatseniuk, que ya tiene la vista puesta en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, ha anunciado su plan para "una completa limpieza" del Gobierno, las fuerzas del orden, los tribunales y la seguridad del Estado.

   "Llegamos unos veinte años tarde con esta ley, pero mejor tarde que nunca", ha dicho Yatseniuk, en referencia a todos los años que han pasado desde que el país se independizó de la Unión Soviética. "Casi parecía que la principal manera de hacerse rico en este país era llegando al poder", ha ironizado.

   Aunque el soborno se ha extendido en todas las esferas del Gobierno ucraniano y en la vida pública desde que el país se independizó, los observadores internacionales sostienen que la corrupción y el favoritismo empeoraron de manera notable durante los cuatro años que Yanukovich estuvo en el poder. Tanto él como otros altos cargos y algunos aliados huyeron a Rusia tras la muerte de cien activistas en Kiev. Otros miembros del Gobierno mantuvieron un perfil bajo y han seguido en sus cargos desde entonces.

   La "lustración", que podría provocar el despido de un millón de funcionarios, empezaría con una primera fase en los próximos diez días, según ha avanzado el ministro de Justicia, Pavlo Petrenko. Este proceso seguirá los modelos de otros países del este y del centro de Europa como República Checa, Polonia y Alemania, que utilizaron medios similares para acabar con los restos del comunismo tras el fin de la Guerra Fría.

    El ministro de Justicia, Petrenko, ha dicho que se perseguirá a las autoridades ministeriales y de instituciones inferiores que formaron parte del Gobierno de Yanukovich durante más de un año. "La purga ha empezado por la cabeza", ha precisado. "Todos estarán bajo esta 'lustración' y deben disminuir en diez días desde que la ley entre en vigor", ha añadido.

   Entre los primeros afectados estarán los fiscales, jueces e investigadores que falsificaron procesos criminales durante las protesta del Euromaidan y los funcionares que, por sus acciones, apoyaran el separatismo y a los "terroristas". Las autoridades ucranianas también tendrán que colaborar con la inspección de sus ingresos y gastos para justificar sus lujosos estilos de vida, financiados con sobornos y enchufismos.

   "A aquellos que no presenten sus recibos se les retirará el derecho a ocupar cargos estatales durante diez años y las pruebas de ello se enviaran a las fuerzas del orden", ha destacado Petrenko.

   Algunos líderes empresariales han expresado su temor ante la purga, que podría provocar una fuga de cerebros de la Administración, que estos grupos consideran necesaria para dirigir las instituciones. Ante esto, Yatseniuk ha respondido que el país tiene "gente joven, inteligente, honesta y educada". "En nuestro gran país, que tiene ese potencial, se debe dar a nuestra gente joven la oportunidad de hacer estos cambios", ha alegado.

   La medida solo afectará a los funcionarios y no a los diputados, aunque Yatseniuk ha pedido a los ucranianos que no voten a los candidatos que cometieron fechorías en el pasado. "Son aquellos que han robado al Estado, que han causado sangre, han apoyado el separatismo y a los terroristas y ahora buscan el apoyo de los ucranianos y un lugar para esconderse", ha asegurado.

   "Buscarán refugio en el Parlamento y se esconderán detrás de la humanidad", ha advertido. "Los ucranianos necesitarán mostrar voluntad política y sabiduría cuando voten", ha solicitado a su pueblo.

    El último sondeo realizado por el grupo de investigación GfK sugiere que el partido de Poroshenko ganaría con un 29,9 por ciento de los votos, muy por delante de la formación de la exprimera ministra Yulia Timoshenko y del Partido Radical del populista Oleh Liashko.