El Gobierno consultó previamente a la Abogacía del Estado antes de que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, enviara este jueves una carta con dicha petición a la Presidencia del Consejo de la UE, que ostenta precisamente España en estos momentos, y a la secretaría general de dicho órgano, Thérèse Blanchet.

Desde la Abogacía del Estado se brindó una respuesta favorable puesto que no se consideró que supusiera "una extralimitación en los cometidos atribuidos al Gobierno en funciones", han precisado las citadas fuentes.

El Artículo 21.3 de la Ley de Gobierno especifica que el Ejecutivo en funciones, como es el caso del actual, "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Por otra parte, en su dictamen, la Abogacía del Estado indicó que el Ministerio de Exteriores que encabeza Albares "es el órgano competente para formular la solicitud, sin perjuicio de las competencias que pudieran corresponder al presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros".

El ministro de Exteriores explicó este jueves en el Congreso, al término de la sesión constitutiva, que la solicitud se enmarcaba en el acuerdo alcanzado con Junts para que esta formación apoyara la candidatura de la socialista Francina Armengol para presidir la Cámara Baja y defendió como "oportuno" el que se hubiera hecho en el arranque de la legislatura.

Asimismo, negó que el hecho de que el Gobierno se hubiera pedido a sí mismo, al ser España el país que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, constituya "ninguna anomalía" y de hecho se había consultado a los servicios jurídicos tanto de Consejo como de la Comisión Europea para confirmarlo.

En su carta, Albares solicita en concreto la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la UE, para lo cual, tal y como admitió el propio ministro, es necesaria la unaminidad de los 27 Estados miembro.

Asimismo, pidió que esta cuestión se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG), que se celebrará el 19 de septiembre.

El reglamento que regula el régimen lingüístico data de 1958 y se ha ido enmendando con las sucesivas ampliaciones de la UE, pasando de cuatro lenguas oficiales en un primer momento --neerlandés, francés, alemán e italiano-- a las 24 actuales. Cualquier cambio de este reglamento debe ser decidido por unanimidad de los Estados miembros.

La última lengua en incorporarse fue el croata en 2013, con la entrada de este país en la UE, mientras que el gaélico es la única lengua cooficial que ha sido reconocida entre las oficiales de la UE hasta la fecha. Su inclusión tuvo lugar después de la entrada de Irlanda en el bloque en 1973, por lo que es el caso más similar al que ahora presenta España con el catalán, el euskera y el gallego.

Formalmente el idioma gaélico recibió el estatus de lengua oficial y de trabajo de la UE en 2007, dos años después de que lo solicitara Dublín, aunque se mantuvieron excepciones y un periodo de transición por la falta de medios técnicos y hasta 2022 no se han visto traducidos todos los registros y documentos legales de la UE.