Representantes de la Abogacía española han mostrado este martes su contundente rechazo al proyecto de Ley de Justicia Gratuita al denunciar que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pretenda aplicar las leyes del mercado a este ámbito y han reconocido que se sienten maltratados por el Gobierno al estimar que la norma que se tramita supone un ataque frontal a su independencia.

   Así lo han señalado en una rueda de prensa la vicepresidenta primera del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decana de los abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el vicepresidente segundo del Consejo y decano de Barcelona, Oriol Rusca, y el presidente de la Comisión Jurídica y vicepresidente del CGAE, Francisco Javier Lara.

   Sobre este proyecto de ley, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, Gumpert, Rusca y Lara han detallado cuáles son los puntos del proyecto a los que se oponen de forma directa por vulnerar y limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

   Sin embargo, el colectivo tiene la esperanza de que Gallardón atienda sus reivindicaciones, dado que en el caso contrario promoverán recursos de insconstitucionalidad y no descartan una posible huelga si se aprobará la Ley tal y como ahora está redactada. Por ahora, los decanos estarán en contacto con los diputados y se tratará de avanzar en la mesa de trabajo que mantiene Justicia con el CGAE.

   En un primer lugar, la decana de los abogados madrileños ha querido trasladar la preocupación que genera el texto, ya que a juicio de la Abogacía "no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita y sigue vinculada las tasas judiciales a la Justicia Gratuita".

   "Lo recaudado no se destina a garantizar la defensa de los derechos fundamentales. Tenemos la sospecha de que hay un engaño y un abuso hacia los ciudadanos", ha denunciado, criticando del proyecto que por ejemplo se excluya el servicio de orientación jurídica o se imponga la obligación de la exigencia de ratificación de la solicitud de acceso cuando se recurre en segunda instancia.

LEYES DE MERCADO

   De igual modo, el decano de Barcelona ha considerado que este proyecto supone un retroceso en los derechos fundamentales, al igual que otras leyes que está poniendo en marcha el Gobierno. "Lo mejor es que la quiten y nos dejen con la anterior Ley, que estaba mejor. La Justicia Gratuita es un servicio del Estado y no un elemento que tenga que estar sujeto a leyes del mercado. Se pretende que los derechos y las libertades sean una mercancía más que esta sujeto al sube y baja", ha criticado.

   En cuanto a los aspecto a criticar, Rusca ha asegurado que al colectivo le sorprende la no exigencia de que el abogado del Turno de Oficio pueda tener un despacho en la zona, algo que romperá la cercanía que actualmente existe entre letrado y cliente. "Es una animalada que se pretenda que un abogado tenga que estar en tres horas y sin tener un despacho", ha dicho. "Es inaceptable", ha sentenciado.

   Otro de los puntos es el tema de las retribuciones del Turno de Oficio, un extremo que depende de cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Andalucía y Valencia llevan un año de retraso, algo que no sucede en Cataluña o la Comunidad de Madrid.

   Además, ha señalado que en Barcelona hicieron un estudio sobre lo que cobra un abogado de oficio y se calculó que eran dos euros la hora para llevar temas de 10 años de cárcel. "Ni el chofer de la señora de la limpieza cobra esto. Es una cuestión de respeto y dignidad", ha reseñado.

   También se ha mostrado disconforme con el hecho de que ahora se vaya a exigir que se realice un informe de sostenibilidad, lo que a su juicio afecta a la independencia y a la libertad de los abogados. En este punto, ha advertido de que "los decanos son garantes y no van a permitir que ningún compañero de sienta perturbados por este motivo".

   "Estamos ante una Ley que no se hace pensando en las personas, sino en la economía. Y menos en las personas más necesitadas. Toda la abogacía está totalmente unida. Ha empezado una carrera. Estaremos Todos. Está en peligro este servicio público", ha destacado.

CARGAS ADMINISTRATIVAS

   Asimismo, Lara se ha quejado de que se el Gobierno impone más cargas administrativas que no van acompañadas  de una dotación presupuestaria, lo que a su entender supone "un claro abuso" hacia el colectivo.

   Lara ha hablado por ejemplo de uno de los aspectos más controvertidos de la norma en relación de que se requerirá al ciudadano una ratificación de la solicitud de acceso a la Justicia Gratuita, una excesiva burocratización que generará más costes innecesarios y creará indefensión a los ciudadanos.

   "El proyecto hace distinciones entre ciudadanos según al colectivo al que pertenecen y da entrada a otros colectivos y nosotros somos los únicos que garantizamos este derecho según el articulo 24 de la constitución española", ha subrayado. "La Justicia gratuita es un servicio público y debe ser con cargo a los presupuestos del estado para que todos los ciudadanos tengan derecho a este servicio. Hay más de 42.000 abogados dedicados al turno de oficio. Las 24 horas del día de los 365 días hay un abogado a disposición del ciudadano y eso hay que valorarlo"ha recalcado.