Así lo han acordado representantes de CiU y PSC en una reunión mantenida este miércoles, que supondrá que en la próxima legislatura, los socialistas catalanes serán el socio preferente de la federación nacionalista en el Parlament.

   Según han confirmado fuentes de ambos partidos a Europa Press, con esta decisión, los socialistas catalanes quieren asegurarse que CiU mantendrá las políticas sociales puestas en marcha por el Govern.

   Con este objetivo, el PSC asegura que logra uno de sus máximos objetivos, el compromiso de que CiU va a "preservar" las políticas sociales que ha puesto en marcha el tripartito, y también que cualquier iniciativa vinculada a la mejora del autogobierno catalán deberá hacerse con el acuerdo de ambos partidos.  

  Así, el acuerdo establece que "las reformas del marco estatuario y constitucional se plantearán, si es necesario, desde el consenso, como mínimo" de CiU y PSC.   

CiU también se compromete a dar continuidad al actual modelo sanitario catalán y también al educativo. En este punto, sobresale el compromiso de ambas fuerzas con el mantenimiento de la inmersión lingüística pese a ser cuestionada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.  

  El Govern de CiU también se compromete a "seguir asegurando" el mantenimiento de los puestos de trabajo de docentes, Mossos d´Esquadra y personal sanitario para dar respuesta a las necesidades actuales.  

  CiU también se compromete a impulsar un consejo asesore en materia de políticas sociales.

   El acuerdo entre PSC y CiU se rubricará solemnamente este jueves, y se ha cerrado tras negociaciones entre el futuro presidente de la Generalitat, Artur Mas; el número 2 de CDC, Felip Puig; el secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí; el presidente del grupo socialista, Joaquim Nadal, y el portavoz del PSC, Miquel Iceta. CiU ha apuntado que el líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha estado "permanentemente informado" de la negociación.

CRISIS ECONÓMICA   

El acuerdo alcanzado entre socialistas y populares consta de cinco ejes: autogobierno, políticas sociales, medidas anticrisis, propuestas a favor de la transparencia y la regeneración democrática, y la búsqueda de acuerdos con agentes socioeconómicos en los grandes temas.

   En cuanto a la lucha contra la crisis, la prioridad máxima del nuevo Govern según PSC y CiU, han acordado la celebración de una cumbre sobre la crisis, un compromiso electoral de ambas formaciones.   

El objetivo es impulsar el Acuerdo Estratégico con los agentes socioeconómicos para acordar con ellos medidas a favor de la internacionalización, mejorar la calidad de la ocupación y garantizar la competitividad de la economía catalana en un contexto de crisis.  

  En cuanto a medidas para estimular la actividad económica, acuerdan simplificar trámites burocráticos para la creación de empresas, más créditos del Institut Català de Finances (ICF) para empresas y autónomos y que la investigación tenga aplicación en las empresas catalanas.

   El acuerdo entre ambos partidos también asegura la presencia de la oposición en las negociaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat.   

Si el tripartito se ha caracterizado por los Pactos Nacionales entre gobierno, oposición y los agentes del sector, ahora CiU se compromete a continuar este espíritu.  

  Así, los pactos para la Inmigración y la Investigación seguirán "vigentes", y además, CiU se compromete a contar con el PSC si revisa el de Vivienda y el de Infraestructuras, que la federación nacionalista no rubricó. En el vivienda, CiU se opuso a la cláusula que establecía el alquiler forzoso de viviendas vacías.  

  El PSC también logra de CiU la voluntad de que el Govern de Mas cooperará con los ayuntamientos catalanes, que se mejorará su financiación y que se hará desde el consenso, y que tras las elecciones municipales se pondrá en marcha el Área Metropolitana de Barcelona, órgano que CiU suprimió a finales de los años 80 y cuya recuperación es una de las reivindicaciones históricas de los socialistas.

   En cuanto a medidas de transparencia, PSC y CiU se comprometen a impulsar desde el consenso una Ley Electoral, una "posible" reforma de la CCMA y medidas para dar fe que los cargos electos no se enriquecen durante sus funciones, uno de los compromisos electorales de José Montilla.