Este martes, la Cámara Baja ha rechazado un texto que amnistiaba los actos determinantes de "responsabilidad penal, administrativa o contable" ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán --incluidos 9-N y 1-O--, su preparación y consecuencias, "siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023".

Pese a ello, para los de Junts el alcance del texto inicialmente acordado con el PSOE era insuficiente porque no incluía el paquete de enmiendas parciales con las que pretendía que se perdonaran todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.

La semana pasada, la formación presidida por Laura Borràs pactó con el PSOE que la norma abarcara todos los delitos de terrorismo, salvo los cometidos "de forma manifiesta y con intención directa" que hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.

Fuentes cercanas a la negociación apuntaron que desde Junts mantuvieron el pulso hasta el último momento para reforzar la amnistía y blindar totalmente el terrorismo porque, aunque creían que la norma salvaba a los investigados en las causas que se siguen en la Audiencia Nacional (AN) contra los Comités de Defensa de la República (CDR) y 'Tsunami Democràtic', no se fiaban de que surgieran otros procedimientos que pudieran quedar fuera de la amnistía.

LA INVESTIGACIÓN A 'TSUNAMI DEMOCRÀTIC'

Uno de los principales objetivos de la amnistía era amparar al expresidente catalán huido y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa donde se investigan los disturbios supuestamente orquestados por 'Tsunami Democràtic' en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del 'procés'.

Sin embargo, en las últimas semanas el juez instructor, Manuel García Castellón, ha señalado a través de sus resoluciones varios puntos flacos. Así, investiga la muerte de un turista francés por un infarto en el marco de los disturbios desatados en El Prat el 14 de octubre de 2019, que cree que es directamente imputable a los responsables de los altercados provocados en el aeropuerto catalán.

También ha indicado que las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes posteriores a la sentencia del 'procés' son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", atribuyendo además una intención homicida a los responsables de dichas lesiones.

Asimismo, desde el primer momento puso el foco en la directiva europea 2017/541, que establece la obligación de los Estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos, y en otra directiva europea sobre infraestructuras clave (como los aeropuertos).

Esta misma semana, ha intentado estrechar el cerco al poner sobre la mesa otros tratados para apuntalar su tesis, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, así como sus anexos sobre seguridad de la aviación civil.

'EL CASO VOLOH'

En el marco de las enmiendas parciales, Junts también proponía incluir los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, que este martes se han quedado fuera toda vez que el Congreso no ha rescatado las enmiendas 'vivas' de la formación independentista.

Estos delitos han cobrado especial relevancia en la última semana, después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona haya acordado prorrogar seis meses más la investigación del 'caso Voloh' y se haya centrado en la 'trama rusa' tras observar "estrechas relaciones personales entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa".

Aunque Puigdemont no forma parte de la lista de investigados en 'Voloh', cuyos tentáculos han llegado hasta la Audiencia Nacional para nutrir 'Tsunami Democràtic', entre los imputados sí figura su jefe de Gabinete, Josep Lluís Alay. Y, en este caso, algunas de las conductas descritas por el juez Joaquín Aguirre podrían encajar en los mencionados delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.

Estos delitos castigan, entre otros comportamientos, a "los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".

Otro de los planteamientos de Junts que ha quedado finalmente fuera es una especie de 'lawfare' policial que estaría dirigido "la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".

En lo relativo a los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, Junts también trató de conseguir que quedasen "extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas" de los actos relativos al 'procés', incluidas las que estuviesen siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas.

LA HORQUILLA TEMPORAL DE LA AMNISTÍA

Los de Junts tampoco han logrado que la norma contemple la horquilla temporal que buscaban, del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. Finalmente, el texto abarca los hechos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

La formación catalana, en concreto, lo justificó como una "mejora técnica" para "incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017.

Por su parte, ERC propuso modificar la parte de las exclusiones en lo relativo a los delitos de torturas o de tratos inhumanos. En concreto, los republicanos intentaron que quedasen fuera de la aplicación de la ley todos los actos tipificados como tal, sin necesidad de que superase un umbral mínimo de gravedad.

"No existe una escala de gravedad de los delitos de torturas, tratos inhumanos o degradantes; o es trato degradante o no lo es, y, en todo caso, a la hora de delimitar si lo es o no, los jueces deberán seguir el criterio jurisprudencial marcado por el TEDH en sus recientes sentencias para identificar cuando los actos deben ser calificados como tortura o tratos inhumanos o degradantes y por lo tanto quedar fuera del marco objetivo de la amnistía", justificaron.

Además, ERC introdujo una enmienda que proponía que las multas impuestas en aplicación de la conocida como 'ley mordaza debían ser "retornadas". "Se trata de una decisión de naturaleza económica que es perfectamente reversible y que permitirá restituir a la persona o entidad afectada a la situación anterior a la imposición de sanciones", adujeron