Además de Rato, el juez imputa a Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y a otros 32 exconsejeros de la entidad, entre los que se encuentran José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia; Ángel Acebes, exministro del Interior o Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

   La querella también se dirige contra el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced o Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

   También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, y de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín.

   El resto de imputados en la causa son los consejeros Francisco Verdú, que dimitió de su cargo horas después de ser imputado, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

   FRANCISCO VERDÚ, ACTUAL CONSEJERO DELEGADO DE BANKIA, IMPUTADO

    El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, ha sido imputado en la querella presentada por Unión y Progreso y Democracia (UPyD) contra exgestores de la entidad que ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional. Verdú ha dimitodo de su cargo horas después de ser imputado. 

   Verdú es el único de los 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz BFA que sigue trabajando para la entidad después de que se anunciara su nacionalización con un respaldo de recursos públicos de 23.465 millones de euros y de que Rodrigo Rato dimitiera como presidente en favor de José Ignacio Goirigolzarri. 

   Verdú se incorporó oficialmente a Bankia el 16 de junio de 2011, la víspera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara el folleto de salida a Bolsa de Bankia, que dio su salto al parqué el 20 de julio de ese año.

   En la actualidad, Verdú es uno de los tres consejeros ejecutivos de Bankia, junto a Goirigolzarri y a José Sevilla, director general de presidencia. 

  El actual número dos de Bankia firmó las cuentas anuales de la entidad de 2011, que reflejaban un beneficio de 309 millones de euros y que la auditora Deloitte se negó a refrendar por diferencias de valoración. Tras ser revisadas por el nuevo equipo gestor, las cuentas arrojaron pérdidas de 2.979 millones de euros.

   El sector financiero acogió con sorpresa la decisión de Goirigolzarri de mantener a Verdú como consejero delegado de Bankia en el diseño del nuevo equipo gestor de la entidad para llevar a cabo el plan de saneamiento impulsado por el Ministerio de Economía y garantizar su solvencia y viabilidad a largo plazo.

   No obstante, el nuevo presidente de Bankia decidió rodearse de hombres de confianza procedentes de BBVA, banco en el que fue consejero delegado hasta 2009. Así, circunscribió las competencias de Verdú fundamentalmente al negocio de banca minorista y al de banca mayorista.

DECLARARÁ FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ 

  El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también cita como testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que realizó un informe sobre la situación de la entidad; y a un representante de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

   Las citaciones no tienen todavía fecha todavía porque, según fuentes jurídicas, el juez interrogará a los imputados una vez que se les de traslado de la querella.

ESTUDIARÁ LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

  En relación con la intervención judicial de la entidad solicitada por UPyD, sobre la que informó en contra la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha convocado el próximo 23 de julio una comparecencia en la que serán citadas todas las partes personadas para adoptar una decisión.

   El juez instructor también admite toda la prueba documental solicitada por la formación de Rosa Díez, que deberá depositar una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, y requiere a Bankia y al BFA copia de las actas de las reuniones que el Consejo de Administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 y de los documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB. 

CRÉDITOS A FAMILIARES Y PARTIDOS POLÍTICOS  

  El juez Andreu también pide a cada una de las cajas de ahorro que se integraron en Bankia detalles sobre "las operaciones de crédito, aval o garantía" que efectuaron desde el 1 de enero de 2008 "en favor de miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal, directivos, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según la Ley del Mercado de Valores". 

  De igual modo, solicita que se detallen los créditos que se concedieron desde esa fecha a "los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros". También les pide que se indique "la situación actual de los citados créditos".

   Por otra parte, pregunta si existen o han existido en este periodo "cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración".

   Además, solicita información sobre el plan de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas) destinado al Comité de Dirección de la entidad, las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones y retribuciones de cualquier naturaleza que habrían recibido desde el 1 de enero de 2007.

   Toda esta información se solicita a las seis entidades que fundaron Bankia: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

CNMV, FROB Y BANCO DE ESPAÑA 

  Además, pide a la CNMV los expedientes tramitados tras la Oferta Pública de Suscripción y admisión a negociación de acciones (OPS) de Bankia, y en particular de la resolución por la que se aprobó la salida a bolsa de la entidad a pesar de que la misma no cumplía con el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios. También le reclama la inforamción que Bankia puso a disposición del público en este proceso. 

  De igual modo, pide a las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao los expedientes sobnre la admisión a negociación de las acciones de Bankia en los distintos mercados, así como los hechos relevantes comunicados y las decisiones adoptadas respecto a la entidad.

   Además, solicita al Banco de España los informes elaborados por el Grupo de Inspección del Grupo Bankia desde el 1 de enero de 2011, los cuadernos de cargos de los administradores de Bankia y el BFA, un resumen sobre la situación en el Banco de Valencia, y el Plan de Capitalización y de Saneamiento presentados por Bankia. 

  Al FROB también le solicita un informe sobre la situación patrimonial y la viabilidad del Banco de Valencia, las actas que obren en el expediente del Grupo Bankia, los informes sobre la inyección adicional de 17.000 millones de euros, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2011 y los informes cuatrimestrales de la Comisión Rectora.