Jueves, 28 de noviembre de 2024
Podría ser propuesta el próximo viernes por el Consejo de Ministros,
La Asociación de Fiscales cree que la designación de Torres-Dulce como fiscal del Estado sería "una noticia excelente"
La Asociación de Fiscales (AF) cree que la designación de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, que podría ser propuesta el próximo viernes por el Consejo de Ministros, sería "una noticia excelente".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de este colectivo, Francisco Jiménez Villarejo, ha señalado que el fiscal del Tribunal Constitucional es "una persona que conoce la carrera, honesta, brillante en lo profesional y que sería excelente para dirigir el Ministerio Público".
Entre los principales retos que tendría que asumir el sucesor de Cándido Conde-Pumpido se encontrarían, según el portavoz de la Asociación de Fiscales, de tendencia conservadora, "modernizar la carrera fiscal, profundizar en su profesionalización y dignificar su funcionamiento consolidando su autonomía".
DICTAMEN DEL CGPJ
El proceso del nuevo fiscal general del Estado comenzará con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se producirá a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar "los méritos e idoneidad del candidato propuesto".
El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio" y con más de 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión". Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.
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