De este modo, la Audiencia confirma la decisión del Juzgado, mediante la cual se desestimó la solicitud de que Doña Cristina "sea citada para que comparezca ante este Juzgado a prestar declaración en calidad de imputada en la presente causa, formulada por la Representación Procesal del Sindicato del Colectivo Público Manos Limpias".

   Cabe recordar que Manos Limpias, a través del escrito que presentó para pedir el encausamiento de la Infanta, considera que la hija del Rey Juan Carlos fue "beneficiaria directa" del incremento patrimonial y de los ingresos obtenidos de forma supuestamente fraudulenta por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

   Mediante un escrito de seis páginas, la entidad desglosaba los indicios que, a su juicio, llevan a concluir que la esposa del Duque de Palma fue "actora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin".

 URDANGARIN EXCULPÓ A LA INFANTA  

  Respecto a la solicitud de imputar a la Infanta, la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya se opusieron a finales de febrero a esta petición, después de que diese traslado de ésta a las acusaciones para que pudieran pronunciarse al respecto.

   De hecho, durante su declaración como imputado ante el juez, el Duque de Palma insistió en varias ocasiones en desvincular a su mujer de las operaciones llevadas a cabo a través de Nóos, que presidió entre 2004 y 2006, y Aizoon, la empresa de la que era copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta.  

  El sindicato apuntaba además que la hija del Rey era "conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas" que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso.

   Según Manos Limpias, además de que la Infanta ostenta la titularidad del 50 por ciento del capital de la mercantil Aizoon, también desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.

   Es más, la acusación aseveraba que las diligencias practicadas hasta el momento ponen de manifiesto que la Infanta "ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras", entre otros fines, para la realización de obras en su vivienda de Pedralbes. De hecho, la entidad afirmaba, en base a un informe de la Agencia Tributaria, que la unidad familiar "dispone de una caja única, donde obviamente se ingresaban recursos económicos que provenían de las mercantiles utilizadas en la trama".  

  El escrito recordaba finalmente que el nombre de la mujer de Urdangarin figuraba en las tarjetas de visita que éste mostraba "para facilitar el acceso, en condiciones de privilegio, junto con el nombre del Secretario de las Infantas, señor García Revenga, con su pleno conocimiento". Además, postulaba que la intermediación del asesor externo de la Casa Real, José Manuel Romero, para "paralizar y alertar de las actividades delictivas de Urdangarin eran igualmente conocidas por la Infanta".