El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido la apertura de juicio oral a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, entidad resultante de la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, por cambios en sus contratos de alta dirección para el cobro de indemnizaciones millonarias. El abogado Ricardo Pradas, que ejerció de asesor en el comité de retribuciones, también será juzgado.

   El auto, con fecha del pasado 4 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, da 20 días de plazo para presentar escrito de defensa a la representación del excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, el que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, así como al letrado Ricardo Pradas.

   Ese mismo plazo les da para que, de forma solidaria, los acusados presenten una fianza equivalente al dinero que se les reclama, 18,9 millones, "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que les pudieran imponer".

   Ismael Moreno constata en el texto que "constituyen requisitos necesarios y suficientes para decretar este trámite procesal (...) la existencia de acusación formal por el Ministerio Fiscal, o alguna de las acusaciones particulares, que concurren en el presente caso, al haberse formulado acusación por el primero como por las acusaciones particulares".

   Moreno también expone, en cuanto a las medidas cautelares de carácter personal, que "deben mantenerse las ya adoptadas en el curso del procedimiento", para "el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas".

   "Abierto el juicio oral --prosigue-- se dará traslado de las actuaciones originales, o mediante fotocopia, a los designados como acusados y terceros responsables en los escritos de acusación, para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas".

   Si las defensas no presentan su escrito en el plazo señalado, añade, "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento".

   Contra el auto no procede recurso alguno, excepto a lo relativo a la situación personal de los acusados, y apunta que se pueden reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.

FISCALÍA 

   En su escrito provisional de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años de prisión para el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, cuatro antiguos directivos de la caja y un abogado por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa, por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.

  El Ministerio Público considera autores del delito al que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada autores de la estafa, y asegura que Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas actuaron como cooperadores necesarios.

   Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.

Anticorrupción precisa que tres de estos cuatro altos directivos --Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán-- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".

ADICAE

   Por su parte, Adicae (la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros), personada en las actuaciones como acusación popular, en un escrito con fecha del pasado 17 de junio, solicitó la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

   Esta asociación reclama penas mayores para los acusados que el resto de personados, de cuatro años de prisión, así como multas más elevadas (con cuota diaria de 300 euros).

   Una vez materializada la fusión de Caixa Galicia y Caixanova la entidad fue nacionalizada, en 2011, después de efectuarse en ella ajustes contables por los cuales su valor quedó reducido significativamente, contexto en el que abandonaron la institución los directivos de las antiguas cajas.