El tribunal ha apoyado admitir parcialmente a trámite una querella planteada por un empresario particular contra Blesa, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.

 El empresario, que invirtió 340.000 euros en estas participaciones, les acusaba de la comisión de delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.

En un auto hecho público este jueves, la Sección Tercera respalda que se investigue a los siete exdirectivos en lo referente a "la planificación llevada a cabo desde los órganos directivos de las entidades" y rechaza su imputación por la comercialización en las sucursales o case de operaciones.

 Argumenta que este empresario firmó un documento en su banco en el que manifestaba que había sido informado de que el producto presentaba un alto riesgo y que cabía la posibilidad de incurrir en pérdidas. Los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado agregan que de la documentación aportada "se hace difícil creer que el querellante no sabía en que estaba invirtiendo, es decir cual era la naturaleza del producto que adquirió con sus posibles consecuencias".

Aseguran, además, que tampoco se puede investigar en el caso el empresario querellante que el case de operaciones le perjudicara puesto que adquirió las participaciones en el mercado primario (Caja Madrid) y no en el secundario por mediación de Bankia, "que es donde al parecer se produjo el perjuicio".

 PLANIFICACIÓN

No obstante aseguran que "cuestión distinta" es que a raíz de "la situación financiera de las entidades donde los querellados ocupaban puestos del Consejo de Administración" estos "para retrasar y ocultar el deterioro utilizaran la emisión de participaciones preferentes para disfrazar la situación de insolvencia en que se encontraban".

 Los magistrados hacen suyo el argumento de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió la admisión a trámite de la querella, de que la existencia de un presunto plan ideado para casar irregularmente las operaciones con participaciones preferentes, pese a ser "difícil de concebir" es susceptible de ser investigado.

 El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el pasado mes de junio tres querellas cursadas por empresarios y particulares por la venta fraudulenta de participaciones preferentes.

La primera de ellas fue presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que solicitaba la apertura de una investigación sobre el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión del producto y pedía que se investigara a cinco directivos de Caja Madrid y Bancaja.

Andreu se inclinó por la admisión a trámite de las querellas en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que recurrió su decisión al considerar que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito penal ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño.