Sabado, 20 de abril de 2024
por el caso del Grupo Austral
La Cámara Federal ratifica la decisión de procesar a Fernández de Kirchner
La Sala IV ha rechazado las quejas presentadas por Fernández de Kirchner, por considerar que no hay "arbitrariedad", y ha confirmado la decisión de la Sala I, que ordena procesar a la antigua inquilina de la Casa Rosada por asociación ilícita y embargar sus bienes por valor de hasta 10.000 millones de pesos (unos 488 millones de euros).
Los investigadores tratan de dilucidar la legalidad de las obras públicas que se concedieron durante el Gobierno de Fernández de Kirchner al Grupo Austral, propiedad del polémico empresario Lázaro Báez, otro de los imputados. Según la Fiscalía, hubo "un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia y orientado a saquear las arcas del Estado".
De acuerdo con el fallo de este jueves, hubo "múltiples irregularidades administrativas" en los 52 contratos adjudicados al Grupo Austral por valor de 46.000 millones de pesos (2.249 millones de euros). El 50 por ciento de las obras no se concluyeron y hubo un sobrecoste del 65 por ciento, según documentos judiciales.
"Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados", sostiene el juez federal Julián Ercolini, quien dio la primera orden para procesar a Fernández de Kirchner.
Junto a la líder izquierdista, en esta causa están imputados Báez; el ex ministro de Planificación Julio de Vido, que ha sido detenido en las últimas semanas; y Carlos Kichner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, entre otros nombres conocidos, según el Centro de Información Judicial.
FRENTES JUDICIALES
Además, la Justicia investiga a Fernández de Kirchner por las supuestas operaciones financieras que el Banco Central hizo bajo sus órdenes para asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio menor al previsto en los mercados internacionales.
La ex jefa de Estado está siendo investigada igualmente por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.
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