Así lo ha anunciado el presidente de la Cámara y de CEIM, Arturo Fernández, durante una rueda de prensa ofrecida de forma conjunta con los presidentes de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM); la Confederación de Empresas de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicio de la Comunidad de Madrid (CECOMA); y la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM).   

Estas entidades, cuya defensa será representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se sumarán a la Agrupación de Demandantes Afectados por el Espacio Aéreo y al proceso judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, sobre el que han recaído las denuncias, para solicitar la práctica de diligencias y pruebas.   

En la rueda de prensa, el responsable del despacho, Javier Cremades, ha apuntado que los empresarios se podrían sumar a la petición de la Fiscalía de embargar de forma preventiva los bienes de los controladores para asegurar las posibles responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal.   

En este sentido, Cremades ha explicado que los empresarios de manera individual deberán reclamar por la compensación del lucro cesante, es decir, el dinero que han dejado de facturar con motivo de la huelga emprendida por los controladores durante el pasado Puente de la Constitución.

   El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima. 

   Por el momento, el despacho ha remitido a la Cámara y a la CEIM un dictamen jurídico que analiza las posibles vías de reclamación por el cierre del espacio aéreo, siendo la más propia la de colaborar con la Fiscalía General del Estado.  

  Así, Cremades ha adelantado que volverán a solicitar una reunión con el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido para articular una estrategia de defensa contra los controladores aéreos que los pasados 3 y 4 de diciembre secundaron "una huelga salvaje" que paralizó el espacio aéreo español.

   Por su parte, CEIM ha puesto a disposición de los empresarios un servicio de orientación jurídica para que conozcan las vías de reclamar esa compensación por el lucro cesante por la actividad económica que no realizaron.

DAÑO A LA MARCA MADRID, A LA MARCA ESPAÑA

   Por su parte, Fernández ha explicado que las acciones legales se emprenden por el perjuicio que supuso "la huelga salvaje" para la economía madrileña con la pérdida de 20 millones de euros al no recibir a cerca de 65.000 turistas.   

Además, ha reseñado que la "marca España" y la "marca Madrid" ha sufrido un gran deterioro por culpa de los controladores. "Los daños empresariales han sido importantes y ahora toca resarcir a los perjudicados", ha recalcado.

   "Esta huelga salvaje fue contra toda la sociedad, contra los empresarios y contra los trabajadores. Queda claro que la huelga no sólo la pagaron los ciudadanos y no puede volver a ocurrir. Nos han hecho pensar que somos tercermundista", ha recalcado.   

Asimismo, el presidente de COCEM, Hilario Alfaro, ha señalado que, en una situación de crisis, "no puede ocurrir que un sector económico vaya contra otro sector económico". "Da igual quién tenga razón", ha apostillado.  

  En cifras, el sector habría perdido cerca de 14 millones de euros, teniendo en cuenta que la media de compra se calcula en 215 euros por persona. De esa cantidad, el 39 por ciento corresponde al sector textil; el 28 por ciento a la joyería; el 12 por ciento a regalos; el 7 por ciento a calzado; el 3 por ciento a aparatos de comunicación y el 1 por ciento a peletería.

   Así, el presidente de la AEHM, Jesús Gatell, ha subrayado el daño sufrido por el turismo en España, siendo el primer destino vacacional en el mundo; la segunda potencia en ingresos por turismo; y la tercera en número de visitantes. "No hay turismo sin seguridad y sin garantía. Y estos principios han sido dañados", ha reseñado.  

  Además de estas demandas, el juez del Juzgado de Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, está estudiando si acepta a trámite las demandas presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua contra la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) por un presunto delito contra el tráfico aéreo en su variante de sedición,.