El relator de la CIDH sobre los Derechos de los Migrantes, Felipe González, ha denunciado en una entrevista concedida al diario local 'El Espectador' la precaria situación de los cientos de colombianos que han sido expulsados de Venezuela en apenas un mes.

   "Es una situación de mucha gravedad", ha afirmado, tras su visita a Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander ubicada junto a Venezuela, durante la cual ha podido hablar con los colombianos hacinados en la línea limítrofe.

   González ha explicado que entre los deportados había "solicitantes de asilo y refugiados ya reconocidos", así como "colombianos nacionalizados", que "por el ambiente de acoso han terminado dejando Venezuela, a pesar de que ahora ese es su país".

   "La causa de que existan estos casos es que las deportaciones no se están revisando caso a caso, sino que se están haciendo deportaciones masivas, completamente prohibidas por el Derecho Internacional", ha lamentado.

   Así, ha considerado que en cierto sentido podría hablarse de retornos forzados. "Cuando esto se produce como una especie de estampida, significa que hay algo detrás", ha dicho, revelando que "se han marcado casas de colombianos en Venezuela para derribarlas".

   González ha recordado en este contexto que hay normas reconocidas por la comunidad internacional, incluida Venezuela, entre ellas el principio de no devolución o la prohibición de deportaciones masivas, que no pueden vulnerarse ni siquiera en un estado de excepción.

   "Los estados de excepción constitucionales no pueden rebasar ciertas normas. Esto fue motivo de una cantidad de conflictos en el pasado, que parecían haber quedado atrás en la época de las dictaduras en América Latina", ha apuntado.

   González también ha criticado la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro a que la CIDH visite su lado de la frontera. "Es de las cosas que más nos preocupa, por el hecho de que se puedan producir nuevas víctimas", ha alertado.

   Por otro lado, ha reclamado a Colombia "una política integral, pues se trata de un problema de gran magnitud y complejidad". "Más allá de tres meses de apoyo, esto se debería poder manejar con cierta flexibilidad", ha señalado.

CRISIS FRONTERIZA

   La crisis bilateral estalló el 19 de agosto cuando militares venezolanos fueron atacados por supuestos paramilitares colombianos en la frontera común, llevando al Gobierno de Maduro a ordenar un cierre de la línea limítrofe que ha ido a más en estas semanas.

   Desde entonces, casi 2.000 colombianos han sido deportados y otros 15.000 que vivían de manera legal en Venezuela han decidido volver voluntariamente a su país debido al acoso que --según denuncian-- sufren ahora en la nación vecina.

   El Palacio de Miraflores ha explicado que se trata de una campaña contra la infiltración de organizaciones criminales colombianas en Venezuela y ha reclamado a su vecino mayor colaboración para luchar contra los delitos fronterizos.

   Las ministras de Exteriores de ambos países se han reunido varias veces desde el inicio de la crisis pero sin llegar a acuerdos sustanciales. Ahora, Colombia y Venezuela ultiman una reunión entre sus presidentes para detener la escalada de tensión.