Jueves, 28 de marzo de 2024

La crisis en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional

La Comisión Internacional de Juristas denuncia el desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela

El informe 'Sin lugar para la deliberación' aborda aspectos "profundamente problemáticos" con respecto a la creación, la composición y el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y su "devastador efecto" para el Estado de Derecho en la nación caribeña.

"La ANC fue creada unilateralmente por el presidente, sin refrendación popular, configurando una evidente violación a la Constitución, y, desde entonces, ha actuado como un cuerpo sin control o respeto por el Estado de Derecho," ha sostenido el secretario general de la CIJ, Sam Zarifi.

La CIJ ha criticado que, si bien "fue creada inicialmente para redactar una nueva Constitución, ha sido usada para usurpar funciones legislativas", desplazando con ello "la autoridad constitucionalmente establecida de la Asamblea Nacional", para aprobar "a favor de la agenda del Poder Ejecutivo".

En concreto, ha apuntado que "adelantó elecciones presidenciales; levantó la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional para permitir su arresto y enjuiciamiento; designó a autoridades de más alto nivel; y aprobó leyes discriminatorias que criminalizan la libertad de expresión y asociación".

Por todo ello, la CIJ ha recomendado que "cese el funcionamiento de la Asamblea Constituyente y se reestablezcan los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional" y que se permita a esta última revise los actos adoptados por la primera "a fin de dejarlos sin efecto total o parcialmente (...) en aras de preservar la seguridad jurídica".

La Asamblea Constituyente se creó en 2017 con hegemonía 'chavista' porque la oposición se negó a presentar candidatos por considerar que la convocatoria fue fraudulenta. Desde entonces, ha absorbido todos los poderes del Estado, a excepción del Ejecutivo, que sigue en manos del presidente, Nicolás Maduro, agravando con ello la crisis política.

CRISIS VENEZOLANA

La crisis en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.


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