Las propuestas de resolución con ocasión del Debate sobre el estado de la Nación que han presentado los grupos políticos versan principalmente sobre la economía y Bildu. Dentro de las medidas económicas, la protección de los hipotecados se lleva la palma, con propuestas del PP, que pide eliminar las "cláusulas suelo", de CiU y IU-ICV-ERC, que piden fomentar la dación en pago, y del PSOE, que sigue el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de que se limitarán los embargos. En cuanto a Bildu, UPyD ha pedido también que se prohíba a Bildu acceder a los datos fiscales, UPN ha pedido instar a la legalización de la formación, y el PP que "extreme la vigilancia" sobre el partido abertzale.   

 Las hipotecas y los embargos que provocan los impagos preocupan a los partidos políticos. Han sido varias las propuestas de resolución para aliviar el sufrimiento de las familias que no pueden seguir pagando al banco. Así, el Partido Popular ha pedido acabar con las "cláusulas suelo", que impiden que los intereses bajen de determinado nivel, el PSOE ha retomado el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de elevar el nivel de ingresos para poder embargar, y tanto CiU como ERC, IU e ICV han pedido implantar la dación en pago.    El Grupo Popular en el Congreso ha incluido en sus propuestas de resolución, que se votarán este jueves en el Congreso, la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF que el Gobierno derogó desde este año para las rentas superiores a 24.000 euros. Además, ha pedido "poner coto" a las "cláusulas suelo", que considera "abusivas" y perjudiciales para los deudores. Los populares piden que se analicen y supervisen las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios, con el fin de evitar "cláusulas abusivas".    Otra de las medidas de carácter económico la ha propuesto CiU, que ha pedido que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de la comunidades autónomas. "Como el Tesoro lo pagamos todos, queremos que avale las emisiones", ha explicado el portavoz adjunto en el Congreso de la formación nacionalista, Josep Sánchez-Llibre. Además, ha pedido aplicar una bonificación del 100% de las cotizaciones a los nuevos trabajadores autónomos durante el primer año, y también para su primer asalariado.

   CiU ha pedido también el establecimiento de incentivos fiscales para las entidades financieras, con el objetivo de fomentar la resolución de los impagos hipotecarios a través de la dación en pago de la vivienda para la cancelación total de la deuda.

   A su vez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido al Gobierno que aplique en España un mecanismo similar al denominado "semestre europeo", para que el Gobierno central supervise los presupuestos autonómicos, y tenga derecho a vetarlos o modificarlos, con el objetivo de reforzar la coordinación presupuestaria, fiscal y financiera entre el Estado y las comunidades.

 EL MOVIMIENTO 15-M   

 El grupo parlamentario que comparten ERC, IU e ICV han plasmado gran parte de las reivindicaciones del Movimiento 15M en sus propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación. Las tres formaciones han planteado mociones para, según sus portavoces, salvar el Estado del Bienestar, que ha empezado a "desmantelarse". Los tres grupos piden medidas para la regeneración democrática, como la reforma de la Ley Electoral, la presentación de una Ley de Ética Política que amplíe las incompatibilidades de los altos cargos, que el Gobierno defienda el modelo social europeo. Además, piden gravar las transacciones financieras, con la creación de una agenda de rating europea y la emisión de eurobonos.   

 También piden implantar la dación en pago -saldar las deudas hipotecarias con la entrega de las llaves- una reforma del sistema financiero que incluya la reducción de las retribuciones de los directivos, vincular cualquier ayuda pública a los bancos al flujo del crédito y fijar un coeficiente de crédito para la financiación de familias y pymes.   

 En cuanto a Bildu, Rosa Díez ha pedido que el Congreso reclame formalmente al Gobierno medidas de seguridad de los concejales en los ayuntamientos vascos y navarros donde Bildu está vetando el acceso a sus escoltas, y que suspenda el convenio entre la Agencia Tributaria y la Diputación de Guipúzcoa que dará acceso al Gobierno foral de Bildu a los datos fiscales de todos los españoles. "ETA sigue activa y sigue constituyendo una amenaza gravísima para la democracia", advierte UPyD.

   Por su parte, UPN ha presentado una resolución tras el debate sobre el estado de la Nación en la que insta al Gobierno a fiscalizar de forma "incesante" cada una de las acciones de Bildu "en todos los ámbitos" y a instar su ilegalización si hay pruebas de que incumple la ley. Pide además medidas legales para que quienes huyeron del País Vasco y Navarra por culpa de ETA puedan votar en sus territorios "manteniendo la confidencialidad" de su nuevo empadronamiento.   

 También el PP ha hecho propuestas sobre Bildu, y ha pedido "extremar la vigilancia" con esa formación con el fin de "evitar que utilicen las instituciones democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna-ETA". Sáenz de Santamaría ha afirmado que hay "circunstancias" para recurrir a la ley, como e "acoso" que sufren "determinados concejales".    Además, Convergencia i Unió ha incluido entre sus propuestas de resolución la posibilidad de suprimir el Ministerio de Cultura, además de la constitución de Cataluña como circunscripción electoral en el ámbito de la Unión Europea o que el Estado pague a las comunidades autónomas el adelanto de 2011 del denominado fondo de competitividad, mientras que el PNV ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados las 15 propuestas de resolución subsiguientes al Debate sobre el estado de la Nación en las que reclama el traspaso de las líneas ferroviarias de interés local, infraestructuras "estratégicas" para el País Vasco y una inversión en I+D+i para el próximo año similar a la que contemplaban los Presupuestos de 2011.    

 El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso varias propuestas de resolución con "marcado carácter ideológico" y con el "tono de izquierdas habitual en el grupo", en palabras de su número dos, Eduardo Madina, que ha destacado entre ellas un texto contra el racismo, otro sobre las medidas hipotecarias recién anunciadas, uno sobre una tasa que grave las transacciones financieras internacionales y uno sobre la futura Ley de Transparencia.