"No se estableció que el señor Santiago Uribe Vélez se hubiese reunido con integrantes de esa organización ilegal, ni que se hubiese concertado con estos para acordar una suma de dinero a manera de contribución", señala la Fiscalía, tal y como ha publicado el periódico colombiano 'El Tiempo'.

La resolución de la Fiscalía explica que "no fue posible establecer" que Uribe "solicitara algún tipo de protección", o que llevara a cabo cualquier "conducta que contraviniera" la ley. A su vez, ha dejado sin efecto los testimonios que señalaban al hermano del expresidente como responsables de esas aportaciones económicas.

Con el caso de la supuesta financiación ya zanjado, no obstante, Santiago Uribe todavía tiene que hacer frente a las acusaciones de concierto para delinquir y homicidio, puesto que la Fiscalía también le señala como uno de los responsables de la creación de otro grupo paramilitar, 'Los Doce Apóstoles'.

Las autoridades colombianas le han acusado de ser responsable de la muerte del conductor de autobús Camilo Barrientos Durán, asesinado en 1994 por paramilitares de 'Los Doce Apóstoles' al considerar que colaboraba con la ya disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante la primera semana de diciembre se espera una resolución del caso, que podría suponer hasta 40 años de prisión para Santiago Uribe, quien lleva una veintena de años siendo investigado.

Aunque los números varían según las fuentes, los grupos de Derechos Humanos de Colombia cifran en más 500 las víctimas mortales provocadas por 'Los Doce Apóstoles' durante la década de los años 90.

LA FAMILIA URIBE Y LOS PARAMILITARES

Santiago no es el único de la familia Uribe que ha sido acusado de mantener vínculos con las organizaciones paramilitares, pues sobre su hermano Álvaro se ciernen varias investigaciones sobre su connivencia con estos grupos armados ilegales surgidos durante los años 80 con la financiación de ganaderos y terratenientes para protegerse de las desaparecidas FARC.

En septiembre, el Supremo envió a la Fiscalía tres de sus casos más sonados, aquellos que supuestamente le involucran en las masacres de San Roque e Ituango en 1996 y 1997 y en el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle en 1998 a manos de fuerzas paramilitares.

Todos estos crímenes, que tuvieron lugar cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, estuvieron en manos del Supremo desde 2014 cuando el expresidente asumió el cargo de senador del Centro Democrático, aunque, tras renunciar el pasado 18 de agosto con motivo de las investigaciones en su contra, los informes volvieron a la Fiscalía.

Uribe renunció a su cargo como senador, durante las investigaciones en su contra por un delito de presunta manipulación de testigos y fraude procesal, después de que una denuncia contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien acusó de dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares, se le volviera en contra.

El Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador progresista en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico