El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha concretado este lunes en delitos de cohecho activo -cometido por particulares- y pasivo -por funcionarios- los cargos que imputa a la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, al exvicepresidente insular Miquel Nadal y a otros tres encausados en el marco de la causa centrada en el soborno de cuatro millones de euros que la promotora Sacresa habría pagado a los exaltos cargos públicos a cambio de resultar adjudicataria de los terrenos palmesanos de Can Domenge.

   Durante una vistilla celebrada este lunes en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, el representante del Ministerio Público ha pedido, por el contrario, el archivo de la imputación del empresario Pedro Ferrà Tur, dueño de la mercantil que junto a Sacresa integraba la UTE que concurrió al concurso de Can Domenge. Por su parte, la defensa de Munar ha reclamado su sobreseimiento, mientras que el resto de imputados se han mostrado conformes con los hechos que se les atribuyen.

   Junto a Nadal y Munar, también se encuentran encausados el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens -los tres exaltos cargos cumplen condena en prisión por distintos casos de corrupción); el supuesto intermediario que entregó el cohecho, Miquel Llinàs; el propietario de Sacresa, Román Sanahúja, y el propio Ferrà Tur. El juicio por estos hechos irá a cargo de un tribunal del jurado, de cuya competencia es el enjuiciamiento del delito de cohecho.

   En el escrito que la Fiscalía ha presentado durante la vista, al que ha tenido acceso Europa Press y a cuyo contenido se ha adherido la acusación particular, ejercida por el Consell, Carrau subraya cómo Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para poder tener garantizada la adjudicación del concurso.

   Más en concreto, según la acusación, los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de Unió Mallorquina (UM), reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. Sanahúja, como responsable de Sacresa, "cedió a las exigencias" para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas para que la cantidad fuese entregada.

   Tal y como relata el fiscal, el dinero fue transportado en un maletín y en las dos entregas fue recogido por Miquel Llinàs, amigo personal de Vicens. Posteriormente, Llinàs se lo dio a Vicens, quien lo repartía entre Nadal, Munar y él mismo. Una parte de los cuatro millones de euros, según el escrito, fueron utilizados en beneficio de UM.

   Fue el propio Vicens quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron esta cantidad por la venta irregular de los solares. El exconseller entregó asimismo ante la Audiencia Provincial de Baleares hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

CONFESIÓN POR PARTE DEL MÁXIMO ACCIONISTA DE

SACRESA

   A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, se sumó la d el propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó el soborno a cambio de que se empresa resultase beneficiaria.

   Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Can Domenge y a otros seis años y tres meses por otras dos causas de corrupción.

   Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

MUNAR, CONDENADA A SEIS AÑOS POR LA

ADJUDICACIÓN

   Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).

   Un día después de conocerse la sentencia, el 24 de julio de 2013, la Audiencia decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular. La exdirigente histórica de UM se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por las pesquisas en torno al presunto cohecho después de que Vicens y Nadal admitieran ante el juez haber cobrado parte del soborno investigado. Era la primera vez que salía de la cárcel.