Así, el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha explicado, en rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, que el delito de falsedad documental está penado con entre seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses, y ha asegurado que el ministerio fiscal va a actuar "con todas las garantías", pero de forma "decidida" para acabar con "la picaresca lamentable" de los centros que dan el certificado sin realizar correctamente las pruebas.

"Si hay que actuar en doscientos, trescientos, quinientos casos, el fiscal va a actuar", ha subrayado el fiscal, que se ha quejado de que este tipo de centros "viven en la más absoluta impunidad" a pesar de que "están haciendo un enorme daño a la seguridad vial" al permitir que circulen en las carreteras "personas que no tienen las aptitudes adecuadas".

En este sentido, Vargas ha asegurado que la Fiscalía "sospecha" que, aunque "mayoritariamente" el sector cumple con la Ley, hay "un porcentaje importante e in crescendo de centros clandestinos" e "ilegales" que no tienen el instrumental o facultativos adecuados y, "en los casos más extremos", dan "un papel --el certificado de aptitud-- a cambio de dinero".

"DESFASADA DE EUROPA"

Asimismo, el fiscal delegado de Seguridad Vial ha indicado que se tiene la sospecha de que existe una "cifra negra de accidente de tráfico debido a los deficientes reconocimientos". "Aquí hay una asignatura pendiente y es hora de abordarla", ha insistido Vargas, quien ha apuntado que el funcionamiento de estos centros, que en algunos casos no disponen de licencia, dejan a España "desfasada de Europa".

Para ello, la fiscalía va a dar instrucción a la policía judicial para que "desde hoy" empiece a investigar. Además, Vargas ha afirmado que la fiscalía ha pedido a la Dirección General del Estado (DGT), organismo encargado de realizar inspecciones a estas empresas, que remita a la fiscalía los "casos más graves" que son la "deshonra a un sector muy cualificado mayoritariamente".

Además, el fiscal ha apuntado que el ciudadano, que "no tiene conciencia de los riesgos", en ocasiones también "participa" en este tipo de delitos, ya que a la hora de sacarse el carné o renovarlo escogen este tipo de empresas que son "más baratas" y no ponen problemas para otorgar el certificado. Por ello, ha pedido que se acuda a centros cualificados.

El Reglamento de Centros de Reconocimiento, aprobado en febrero, establece una sanción administrativa de entre 3.000 y 20.000 euros para aquellos centros que no superen las inspecciones que realiza la DGT, a lo que se añadiría la vía penal abierta por el Ministerio Fiscal para los casos más graves por falsedad documental.

CONDUCTORES CON BAJA VISIÓN

Sobre la modificación del Reglamento General de Conductores que permitirá a los ciudadanos con baja visión en un ojo conducir vehículos profesionales, Vargas ha opinado que la norma debería haber sido, en su opinión, "mucho más exigente".

Por otro lado, la Fiscalía ha propuesto un protocolo de actuación y coordinación entre Colegios de Médicos, Autoridades de Tráfico, Autoridad sanitaria, Fiscalía de Incapaces y Seguridad Vial y Juzgados de Incapacidad para conjugar de alguna forma el secreto médico con la obligación de los facultativos de informar en aquellos casos en que el médico tenga conocimiento de que la "próxima comisión de un delito" de tráfico.

En este sentido, Vargas ha explicado que este sería el caso de los pacientes que están "fuertemente medicados" o que son drogadictos y que el médico sabe que cogen el coche o son profesionales, como transportistas o conductores de autobuses, que se dedican a conducir.

Así, Vargas ha indicado que en "caso extremos", "incluso puede haber" comisión de delito por parte del médico que no informa, aunque ha insistido en que "la Fiscalía no va para nada en esa dirección".

BAREMO "INSUFICIENTE"

La Fiscalía también ha realizado una serie de recomendaciones para cambiar el baremo que regula las indemnizaciones que reciben las víctimas de tráfico al entender que es "absolutamente insuficiente" y "está desfasado", ya que se elaboró en 1995.

En este sentido, la fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Elena Agüero, ha destacado que las indemnizaciones que se pagan en España a las víctimas de accidentes son "de las más bajas en el ámbito de la UE" y ha señalado que desde julio la fiscalía participa en un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Economía, las compañías de seguros y las asociaciones de víctimas para cambiar el baremo.

Agüero ha afirmado que, a juicio de la Fiscalía, el baremo actual es "un sistema muy rígido", por lo que ha abogado por dar a las víctimas las "indemnización que le corresponde en función de sus necesidades específicas" e incluir en el baremo "clausulas abiertas para que se puedan recoger circunstancias que ahora quedan fuera y, por tanto, no son indemnizadas".

Concretamente, la Fiscalía ha destacado que le "preocupa seriamente" la exclusión de la cobertura del baremo de cualquier tratamiento o asistencia hospitalaria, médica o farmacéutica posterior a la consolidación de las secuelas.

Asimismo, considera que el lucro cesante, o lo que es lo mismo la pérdida de ingresos que una víctima deja de ganar en su trabajo debido a las secuelas del accidente, debe configurarse como una categoría autónoma.