Así lo han informado fuentes de la investigación a Europa Press, que han incidido en que "si algo sale de las comisiones u otras pruebas, nada está descartado". En este sentido, el fiscal Pedro Horrach señaló este lunes, en unos coloquios celebrados en Es Mercadal (Menorca), que hasta el momento no hay pruebas que incriminen a la hija del Rey Don Juan Carlos, si bien la instrucción de la causa aún no está concluida y por tanto no hay nada definitivo.

    Es más, los investigadores postulan que la Infanta podría ser citada en el momento procesal oportuno e incluso podría resultar responsable civil subsidiaria al amparo del artículo 122 del Código Penal, que establece que quien hubiese participado de los efectos de un delito o falta -en este caso de la presunta actividad delictiva de Urdangarin- deberá restituir o resarcir el daño provocado hasta la cuantía de su participación.

   De hecho, así lo mantiene la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias a través de la letrada Virginia López Negrete, quien en varias ocasiones ha solicitado la imputación de la mujer del Duque de Palma. Su último recurso, el de apelación que interpuso ante la Audiencia Provincial de Palma, fue sin embargo desestimado por este órgano judicial ante la falta de pruebas sólidas que inculpen a la Infanta.

   Las mismas comisiones rogatorias y el informe de Hacienda que determinarán su inculpación podrían posibilitar, a tenor de los datos que arrojen, que el exbalonmanista vuelva a ser citado a declarar por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro. Lo mismo sucederá con su exsocio Diego Torres, quien después de que fuese citado a declarar de forma voluntaria el pasado mes de mayo, finalmente solicitó la suspensión de la comparecencia, mientras que en febrero, cuando acudió a la llamada del juez Castro en Palma para interrogarlo, se acogió a su derecho de no declarar.

   Y es que los investigadores del caso Nóos, que conforma una de las 26 piezas separadas de la compleja causa centrada en las supuestas irregularidades cometidas durante la construcción del velódromo Palma Arena, permanecen pendientes de la respuesta de las tres comisiones rogatorias, que prevén arrojar luz sobre el destino del dinero que desde el Instituto fue a parar a cuentas bancarias localizadas en estos países.

   Por el momento, las autoridades de los tres Estados no han respondido a la petición cursada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, quien mediante estas diligencias quiere que sean identificados los titulares de las cuentas en las que fueron depositados miles de euros a través de las sociedades vinculadas a Nóos, presidido entre 2004 y 2006 por el yerno del Rey Don Juan Carlos.

   De hecho, una de estas cuestiones, la relacionada con la cuenta de Suiza, salió a relucir en el extenso interrogatorio del magistrado a Urdangarin, quien justificó que a través de esta cuenta bancaria cobró un proyecto relacionado con la empresa Aguas de Valencia, al mediar entre la mercantil valenciana y un ciudadano de origen jordano, Manssour Tabaa, que fue la persona que abonó este servicio.

   De forma paralela, tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción también se encuentran a la espera de que la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez en torno a los ingresos percibidos a través de Nóos por parte de los dos socios para poder cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron por trabajos cuya realización no ha sido justificada, y a partir de ahí solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria.

FIANZA CIVIL MILLONARIA

   Sin embargo, aunque el Ministerio Público está pendiente de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según apuntaron fuentes del procedimiento a Europa Press.

   Por ahora, los investigadores apuntan que Urdangarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena.